El primer golpe de estado del Perú republicano

Bicentenario del motín de Balconcillo (febrero de 1823).

 

“Gravísima y complicada era la situacion en que se encontraba la causa de la Independencia del Perú por la apatía de la Junta Gubernativa, por el estado de ruina de la Hacienda pública, por la desmoralizacion del ejército y marina, y lo que es mas doloroso, porque se tramaba una conspiración para la caída de esa Junta que ya no inspiraba respeto ni confianza en su inteligencia y actividad”, apuntaría Paz Soldán sobre el ambiente que se vivió en febrero de 1823, del cual, bajo presión de la fuerza armada, surgió la Presidencia de la República Peruana.

La agitación en el ejército.

Mientras el Ejército Libertador del Sur, al mando del general Rudecindo Alvarado, recorría los puertos del sur peruano en cumplimiento del plan sanmartiniano de Puertos Intermedios, en Lima, la situación no se mostraba favorable para la causa patriota. El Ejército del Centro se encontraba acantonado en Lima; según el plan de operaciones debía atacar a las fuerzas realistas en el centro del Perú, pero carecía de las tropas necesarias para actuar. Teóricamente el ejército tenía más de 4 mil hombres, pero su verdadero número se reducía a 3 mil. Al frente se hallaba el mariscal Juan Antonio Álvarez de Arenales, acompañándole el coronel chileno José Manuel Borgoño como jefe de estado mayor.

Retrato del mariscal del ejército peruano y general de brigada del ejército rioplatense Juan Antonio Álvarez de Arenales, exhibido en el Instituto Sanmartiniano del Perú. Español de nacimiento, Arenales fue un militar de carrera que se unió desde 1809 a la causa independentista, luchando en Tucumán y Salta. En el Perú, recorrió la sierra peruana al frente de una división, logrando la victoria de Cerro de Pasco en 1820. Tras retirarse del Perú, fue gobernador de la provincia argentina de Salta, y por las luchas civiles, debió exiliarse en Bolivia, donde falleció en 1831.
(fotografía del autor, 2019)

“La mayor parte de los cuerpos existentes por el mes de Octubre en el ejército del Perú se hallaba en cuadros, es decir, sin fuerza por falta de hombres, y destituidas tambien de armamento, vestuarios, y demas útiles precisos, al paso que la urgencia de abrir una campaña activa sobre los enemigos en combinacion acordada con la expedicion dirijida á intermedios, demandaba del nuevo gobierno providencias tan ejecutivas como capaces de hacer eficaz este plan antes que pasase la oportunidad del momento. Tal era la situacion de las tropas cuando á pesar de mi resistencia fuí compelido á aceptar el mando del ejército titulado del Centro. Inutilizadas mis repetidas reclamaciones al Congreso y al gobierno por unos auxilios que debían ser del instante […] y frustrada por otra parte mi esperanza de que concurriese á la obra la división de 2,000 hombres de Colombia […]; me resolví á la empresa a todo trance con algunas cortas partidas de reclutas que se habían hecho por mis comisionados á diversos puntos y que habían recibido algunas lecciones en la empeñosa disciplina á que estaba todo dedicado en el acantonamiento de Lurin", recordaba meses después el mariscal Arenales.

El viernes 3 de enero, el Congreso aprobó un decreto para condecorar a Arenales con una medalla de oro por su labor, lo que se contradecía con su actitud negligente frente a sus reiterados pedidos. El 5 de enero, Arenales envió un oficio al Congreso, pidiendo “un esfuerzo de la República para proporcionar hombres, algun numerario, y útiles de equipo, á fin de poner muy pronto este ejército en estado de obrar activamente y con firmeza en defensa del país”; no se le hizo caso. Peor aún, el 8 de enero, la división colombiana partió de regreso a su patria.

Estampilla emitida en 1921, durante el Centenario de la Independencia, con el retrato del mariscal Juan Antonio Álvarez de Arenales.
(colección del autor)

A su vez, el 10 de noviembre de 1822, el coronel Borgoño escribía al gobierno chileno: "Nada sabemos con certeza de los movimientos del enemigo; pero tenemos algunos datos para inferir que Canterac se ha dirijido a las provincias del sur con 2,000 hombres de infantería i caballería, a consecuencia de la espedicion que salió para Intermedios. Nosotros hemos estado luchando con el Gobierno por que se nos proporcionen los recursos necesarios para abrir la campaña con la celeridad que exijen las circunstancias; pero las trabas de un Congreso lleno de celos, que no abriga sino ideas mui mezquinas, todo lo paraliza, haciendo perder el tiempo inútilmente, hasta apurar con sus medidas antipoliticas el sufrimiento de los que solo trabajan por el amor a la Patria. Entretanto, tenemos la fortuna de conservar grande union en el ejército, i la mejor disposición para tomar una actitud ofensiva que secunde las operaciones de nuestros compañeros de armas, que dieron por concedida nuestra cooperacion por esta parte. Nada quisiera decir a Ud. del estado de la opinion, del crédito del gobierno ni de las medidas del Congreso, porque seria menester escribir muchos pliegos; pero en sustancia diré que estos hombres se hallan en peor estado que nosotros en 1810".

El coronel chileno José Manuel Borgoño fue jefe de estado mayor del Ejército del Centro entre 1822 y 1823. Militar competente, el manejo de la artillería a su cargo, fue decisiva en la batalla de Maipú; el general San Martín le profesó gran amistad, obsequiandole el sable que utilizó en la batalla de Bailén. Borgoño llegó a ser general de brigada y ministro de Guerra en su país, etapa en la que fue retratado por el pintor francés Raymond Monvoisin.
(Memoria Chilena)

Si la deserción entre los soldados era un mal endémico, en la marina pasaba lo mismo con la insubordinación. En diciembre de 1822, las tripulaciones de la corbeta Limeña y del bergantín Belgrano, se alzaron con esas naves, alegando la falta de pago de sus sueldos y gratificaciones, amenazando con dedicarse al corso. Se logró recobrar la Limeña, mientras que el Belgrano se dirigió a Chiloé y luego a las islas Filipinas.

El sábado 18 de enero de 1823, en Lurín, Arenales convocó a los oficiales del ejército del centro, que, “animados del espíritu patriótico que los distingue, sin exceder en nada de los términos de la subordinacion militar”, elevaron una exposición a la Junta Gubernativa para “llamarle sériamente la atencion sobre los males que amenazan la salud de la patria, y sobre el remedio que demandan á proporcion del riesgo mas eminente”. Los oficiales insistieron que para el buen éxito del Ejército del Sur, era necesario cumplir con el envío de una expedición capaz de observar y entretener a los realistas que ocupaban el frente desde Huancayo a Ica, pero en tres meses no se había hecho movimiento alguno, dejando en peligrosa situación al Ejército del Sur. Lejos de aumentar sus fuerzas, el Ejército del Centro había reducido considerablemente sus efectivos: la división colombiana había retornado a su país, y los batallones peruanos no recibían reemplazos para los desertores o muertos. Era injusto que se les atribuyese “una inaccion tan criminal”, cuando siempre habían manifestado el deseo de archar contra el enemigo. Pero entre esa injusticia, la disminución en los efectivos, el acantonamiento molesto y la desatención por el gobierno, el ánimo del Ejército del Centro estaba resentido. Lamentando la falta de tropas de reserva y deseosos de no figurar como simples espectadores en la lucha, los oficiales no creían débil a las fuerzas realistas, e insistían en la necesidad de atacarlos para capturar el mineral de Pasco, destruir el descontento en la tropa y colaborar con las unidades en el sur. La franqueza de los militares, señal del hartazgo producido por los meses perdidos, no dejó de ser expresiva: “¿Por qué se ha de esponer á este extremo fatal la suerte del Perú? El ha depositado en V. E. su confianza y seguridad; y V. E. no la desempeña, mientras que desprendido de todas consideraciones, no ponga en ejercicio los medios que están á su alcance, sin otra idea que la de ser libres: este es el voto general, este el concepto en que V. E. manda, y todo debe ceder á este principal objeto. Por poco que V. E. se distraiga de él, se hace responsable de los males que pueden sobrevenir. Se necesita completar el ejército á una fuerza capaz de emprender con esperanza, provista de lo necesario; y ya que se ha malogrado tanto tiempo, no se dilate mas el hacerlo. Quiera V. E. usar debidamente de los medios que pone en sus manos un pueblo patriota y generoso: conciba este que sus esfuerzos, que serán los últimos, le comprarán la paz que tanto desea; y se verá desaparecer ese adormecimiento triste que no es conforme ni al carácter ni a los sentimientos del pueblo peruano”. Confiando encontrar acogida favorable en la Junta, firmaron el general Arenales, el general Andrés Santa Cruz, el jefe de estado mayor coronel José Manuel Borgoño, y los jefes de los distintos cuerpos: coronel Ramón Herrera (Cazadores del Perú), coronel Federico de Brandsen (Húsares del Perú), coronel Manuel Rojas (batallón N.° 4), comandante Félix de Olazabal (batallón N.° 2), comandante Juan Pardo de Zela (batallón N.° 3) y comandante José Videla (Legión Peruana).

Firma del mariscal Juan Antonio Álvarez de Arenales.
(colección del autor)

El Congreso se limitó a no contestar, escudándose en la ley del 19 de diciembre de 1822, que prohibía la suscripción de recursos y la promoción de reuniones “con el objeto de prevenir las deliberaciones del Congreso, ó las disposiciones del gobierno", bajo amenaza de juicio y castigo como perturbadores del orden público. Paz Soldán observó que con esa ley, el Congreso pretendía atajar cualquier crítica, pero "el espíritu y la opinion del pueblo no se contienen con leyes, sino con hechos fundados en la justicia y conveniencia".

El ejército, ante la falta de respuesta del Congreso, marchó desde Lurín hacia Miraflores. A diferencia del Congreso, los tres miembros de la Junta Gubernativa comprendieron el peligro que entrañaba la inactividad del Ejército del Centro, y ordenaron hacer los preparativos para el trasporte de dos mil soldados a Pisco, desde donde se emprendería una marcha a la sierra, marcha “cuyo triunfo consistía mas bien en la celeridad, que en la importancia de la fuerza”.

La tardía actividad de la Junta y del Congreso.

El 31 de enero, Arenales recibió aviso de estar todo listo para emprender la campaña en cuatro días, pero todos los preparativos fueron en vano: el lunes 3 de febrero llegaron al Callao las tropas derrotadas en Moquegua al mando del general de brigada Enrique Martínez, y dos días después, la Gaceta de Gobierno publicaba el parte remitido por el general Alvarado sobre las derrotas de Torata y Moquegua.

Edición de la Gaceta del Gobierno del 5 de febrero de 1823.

La derrota de Moquegua implicaba no solo la pérdida de la obra militar de San Martín, sino un rudo golpe a las esperanzas de los elementos patriotas que habían sacrificado mucho en la preparación del ejército. La noticia causó desconcierto y temor entre los limeños. Los acaudalados buscaron poner a salvo sus fortunas. El temor aumentó ante la posibilidad que el ejército realista avanzase a marchas forzadas contra Lima. El Congreso y la Junta fueron vistos como culpables del desastre, incluso de los desaciertos de Alvarado. Las intríngulis políticas y militares, de las que en justicia la Junta no era culpable del todo, no eran de conocimiento de la población, que hacía responsable de los males nacionales a los gobernantes del momento. Justo es decir, que al enterarse de la derrota, la actividad tanto del Congreso como de la Junta, fue intensa para reforzar las fuerzas militares.

El mismo 5 de febrero, bajo la presidencia de Hipólito Unanue, en una sesión permanente que se prolongó hasta el viernes 7, el Congreso aprobó una serie de propuestas a ser aplicadas por la Junta, recogidas en una ley promulgada al día siguiente. Una propuesta para ampliar las facultades de la Junta Gubernativa fue postergada para una sesión permanente, claro indicador de que pese a la situación, se insistió dogmáticamente en la preeminencia del Congreso. Y el Congreso no volvió a sesionar sino hasta el jueves 13, retomando debates sobre temas de rutina como la discusión del nuevo Reglamento de Comercio, la absolución de consultas sobre temas administrativos y eclesiásticos, y los trámites aduaneros en relación al tabaco habano. 

Ley del 8 de febrero de 1823, que autorizó extraordinariamente a la Junta Gubernativa para adoptar las medidas necesarias ante las derrotas en Torata y Moquegua
(Archivo Digital de la Legislación Peruana)

El sábado 8 de febrero, Arenales reiteró a la Junta las quejas sobre la condición del ejército, le reprochó no atender oportunamente sus propuestas de campaña, y planteó “que ya con respecto á mí, ha llegado el caso de que, ó V. E. se digne resolverse á poner en práctica sin pérdida de tiempo lo que llevo espuesto, ó relevarme del mando, nombrando otro individuo que se reciba del ejército, para que pueda operar segun V. E. con mejor acierto tenga á bien disponer”. No recibió respuesta.

Oficio enviado por el mariscal Arenales a la Junta Gubernativa el 8 de febrero de 1823.

Por su parte, la Junta dio una serie de decretos entre el 8 y el 12 de febrero: dispuso el alistamiento en los cuerpos cívicos de los habitantes de la capital, entre 15 y 60 años, libres de impedimento; la recolección de todos los caballos pertenecientes a particulares; el inventario de las mulas de coche y tiros existentes en los cuarteles; el indulto a los desertores del ejército y cuerpos cívicos que se presentasen entre el segundo y el cuarto día posterior a la publicación del decreto; la modificación del decreto de 11 de abril de 1822 sobre rescate de esclavos, a fin de engrosar las filas del ejército. Sin embargo, esta actitud enérgica de última hora, ya era inútil para destruir la irritación surgida en el ejército inactivo e impago y el descontento en la población. Y no faltaban quienes estaban interesados en explotar ese ambiente.

El motín de Balconcillo.

El jueves 20 de febrero, el Congreso eligió como presidente al jurista tacneño Nicolás de Araníbar; su vicepresidente sería el clérigo trujillano Tomás Dieguez. Secretarios fueron dos abogados: el limeño Francisco Javier Mariátegui y el lambayecano Mariano Quesada y Valiente. Esta mesa tendría que afrontar el pronunciamiento del Ejército.

Los diputados que dirigieron las sesiones durante los eventos de febrero de 1823.
(retratos publicados en la revista Variedades en septiembre de 1922)

Uno de los descontentos ante la situación, era el antiguo prefecto de Lima, José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Nacido en 1783, dentro de una familia con notables conexiones aristocráticas, fue testigo de la crisis dinástica de 1808, manifestándose desde entonces como un partidario de la independencia americana. A su retorno a Lima, fue uno de los conspiradores de mayor notoriedad (y peligrosidad) en la etapa final del virreinato: aprovechó su red de contactos al máximo, formó clubes secretos, y mantuvo correspondencia con los gobiernos de Buenos Aires y Chile. Su labor no pasó desapercibida a los agentes de los virreyes Abascal y Pezuela, al punto que, como recordó el futuro cosmógrafo Eduardo Carrasco, tanto Riva Agüero como sus compañeros sufrieron prisión en la carceleta de la Inquisición, llegando a ser internado a Tarma en 1819. En este ambiente, escribió un discurso a favor de la independencia, Manifestación histórica y política de la Revolución de América, y mas especialmente al Perú y al Río de la Plata (1818), texto conocido como las veintiocho causas, donde argumentaba la oposición entre España y América, defendiendo la necesidad de un gobierno independente fuerte y la conservación de la nobleza como fundamento de un gobierno.

Coronel José de la Riva Agüero, prefecto del departamento de Lima en 1821.
(dibujo de Francisco González Gamarra)

Con la llegada de San Martín, Riva Agüero colaboró activamente con la causa patriota; con Lima en poder de las fuerzas patriotas, Riva Agüero fue nombrado prefecto del departamento de Lima. Tal situación, apuntó Paz Soldán, le abrió "un teatro mas extenso para hacer uso de su génio activo y del influjo que ejercía sobre el pueblo. Este poder le venia de su popularidad con la gente de color que veía en el jóven Riva-Agüero á su amo el niño Pepito". Esta popularidad le hizo tener cercanía con agentes capaces de encauzar a la población; uno de estos agentes, era Mariano Tramarría, un viejo comerciante de tabaco, cuya detención y posible destierro por los agentes del temible ministro de San Martín, Bernardo de Monteagudo, fue visto como un exceso, provocando un motín en julio de 1822, que culminó con el destierro del ministro. Riva Agüero escribiría un folleto titulado Lima justificada en el suceso del 25 de julio. Con el nuevo Congreso, Riva Agüero aspiraba a un cargo acorde con la importancia de sus servicios a la causa patria, pero no fue así. Paz Soldán consideró que de haber sido elegido Riva Agüero como jefe del Ejecutivo, habría sido más acertado en sus acuerdos, pero el Congreso prefirió a un triunvirato inerte, dejando a Riva Agüero libre para conspirar.

Edición de la Gaceta del Gobierno del 22 de febrero de 1823, con la última proclama de la Junta Gubernativa.

Dentro de las filas del ejército, el general Andrés de Santa Cruz había destacado como comandante de la división peruana que había auxiliado a las fuerzas bolivarianas en la batalla de Pichincha. Por ausencia del coronel Borgoño, era el segundo al mando del ejército. A diferencia del mariscal Arenales, Santa Cruz tenía aspiraciones políticas, evidenciando con los años gran sagacidad y capacidad organizativa como gobernante. Sin embargo, en 1823, no tenía la figuración posterior, y estaba convencido que se requería unificar el mando en la figura de Riva Agüero. Para llegar a tal fin, preciso era adoptar una actitud sediciosa frente al Congreso, y en tal sentido, intentó influir en Arenales para que encabezase tal pronunciamiento.

Por su lado, Arenales, viejo soldado de carrera, atrapado en el conflicto interno entre la disciplina y fidelidad que debía a las autoridades legalmente instituidas, y la impotencia frente a la indolencia y ceguera del Congreso frente a las necesidades del ejército bajo su mando, "parecía aborrecer su destino". Ante las insinuaciones para que encabezase el inminente estallido, rehusó con indignación: “Varios subalternos se habían atrevido á hacerme esta proposicion, y ella misma apresuró mi renuncia. Antes que aceptar un peso superior á mis luces, y unos medios tan humillantes de obtenerle, hubiera preferido la muerte. Jamas el espíritu de ambicion tuvo la garantía de tocar á mi corazon y tentarme á sacrificar la negra aclamacion de un momento catorce años de servicios y trabajos sobre las aras de la patria, que no basta que sea independiente sino es libre, y nunca lo será mientras sus derechos sacrosantes se vean sometidos á la influencia y arbitrariedad militar”.

A las ocho de la mañana del miércoles 26 de febrero de 1823, en el campamento de Miraflores, un dolido Arenales envió un oficio a la Junta, recordando sus exhortaciones desatendidas, y la renuncia condicional formulada el anterior 8 de febrero. “Hoy ha llegado ya el lance de que por no haberse puesto en ejecucion aquellas medidas, me obligan indefectiblemente las circunstancias á hacer la renuncia, como la hago en forma, de dicho destino, y suplico á V. E. se digne concedermelo sin mas dilacion, reiterando en su defecto aquella protesta de no ser responsable de ningun resultado desde esta hora”.

Momentos después, desde el cuartel general de Miraflores, el general Andrés de Santa Cruz, los coroneles Agustín Gamarra, Ramón Herrera, Federico de Brandsen, y Félix Olazábal, y los tenientes coroneles Juan Bautista Eléspuru, Ángel Antonio Salvadores, Antonio Gutiérrez de la Fuente, Ventura Alegre, José María Plaza, Salvador Soyer y Eugenio Garzón, además del derrotado general Enrique Martínez, firmaron una representación al Soberano Congreso: “Los Jefes del Ejército-Unido, y á su nombre los que suscriben, dejarían de ser fieles á la patria, y poco adictos á la soberanía de ella, representada dignamente en el Soberano Congreso constituyente, sino patentizasen por medio de esta representacion el espíritu patriótico que los anima en defensa de la libertad é independencia, como en apoyo de la Representacion Nacional”.

Retratos de algunos de los oficiales que firmaron el pronunciamiento del 26 de febrero de 1823.

Los firmantes manifestaron estar dispuestos a sacrificarse en la lucha, pero que no podían ser meros espectadores de la apatía e indiferencia advertidas en tan críticas circunstancias que comprometían la suerte del país. No habían sido conjeturas las previsiones sobre la suerte desdichada del Ejército del Sur; peor aún: no se tomaban medidas suficientes contra el posible avance realista a Lima. “El Soberano Congreso sabe muy bien, que sin la confianza pública nada puede hacer para salvar el país. Es notorio que la Junta Gubernativa no ha merecido jamas la de los pueblos ni la del ejército que gobierna; y que en los momentos críticos, no son los cuerpos colegiados los que pueden obrar con secreto, actividad y energía, aunque los que lo componen se hallan adornados de virtudes y conocimientos. El carácter de la Junta Gubernativa, como el de todo cuerpo de esta especie, es la lentitud é irresolucion, y este vicio es inherente á todo cuerpo ó tribunal”.

La situación del Perú, continuaban los oficiales, “requiere un jefe supremo que ordene y sea velozmente obedecido, y que reanime no solamente al patriotismo oprimido, sino que dé al ejército todo el impulso de que es susceptible”. Criticaban la desatención al ejército, impago desde hacía dos meses, y sin los reemplazos necesarios para cubrir sus bajas, mientras que los realistas trabajaban por dominar al país independiente, por lo que sólo encontrarían en su camino “teorías ó consuelos frívolos, que no sirven sino para encadenarnos”. Por ello, pese a tener “respeto á la Representacion Nacional, […] no pueden omitir esta manifestacion nacida de su acendrado patriotismo, porque consideran que solamente en la separacion del poder ejecutivo del seno del Soberano Congreso consiste la salud de la patria”. Y añadían: “El Sr. coronel D. José de la Riva-Agüero parece ser el indicado para merecer la eleccion de Vuestra Soberanía: su patriotismo tan conocido, su constancia, sus talentos, y todas sus virtudes garantizan su nombramiento del jefe que necesitamos”. Reiterando que su único objeto era la libertad del Perú, el ejército recordaba al Congreso los sacrificios hechos, reiterando que no estaban dispuestos a “capitular con el enemigo de la patria, ó continuar en una inaccion culpable”, tras lo cual, procedieron a firmar. Debemos mencionar que según Gutiérrez de la Fuente, firmante del documento, la nominación de Riva Agüero se debió a que, al debatir quién podría encargarse del poder ejecutivo, ni Santa Cruz ni Gamarra se ofrecieron, ya que no deseaban que se interpretase el reclamo al Congreso como la maniobra egoísta de algún jefe.

Representación al Congreso, 26 de febrero de 1823.

Esta vez, la posición del ejército no podía ser ignorada por el Congreso. Sin la presencia de Arenales, que rehusaba intervenir en tan enojosa situación, y sin la fuerza de la opinión pública, partidaria de Riva Agüero y adversa a la Junta tras los pésimos resultados militares, la única arma que quedaba al Congreso era la legalidad, y se intentó jugar dicha carta. La respuesta que el secretario del Congreso, Francisco Javier Mariátegui, envió al general Santa Cruz, ese mismo 26 de febrero, manifestó tanto el dolor con que el Congreso recibió "los conceptos equivocados en que se hallan los cuerpos del ejército", como la satisfacción ante los respetuosos sentimientos de los jefes, y pidió que confiasen en "la deliberacion prudente i madura que a la mayor brevedad [el Congreso] se prepara a tomar segun la urjencia i gravedad del asunto".

Primera respuesta del Congreso, el 26 de febrero de 1823.

A las once y cuarto de la noche del 26, el Congreso escuchó a los ministros que no habían tomado ni pensaban tomar providencias frente a la posición del ejército. Tampoco habían llegado a un acuerdo, pese a la urgencia de la situación. “El estado de inquietud en que se halla la capital, y las consecuencias que pueden resultar de que el Congreso continúe discutiendo á media noche, ó precipite su resolución en materia de tanta entidad y trascendencia, le han decidido a levantar la sesión”, informó a Santa Cruz. Los congresistas confiaban en ganar tiempo, convenciendo a los jefes que descansen con esa medida, evitando además que la resolución a tomar se atribuyese a la violencia militar.

Segunda respuesta del Congreso, el 26 de febrero de 1823.

Sus esperanzas quedaron frustradas. Un memorial encabezado por el viejo Mariano Tramarría, encontró muchas firmas para apoyarlo; y al día siguiente, el hábil tabaquero congregó una bulliciosa multitud en la plaza de la Inquisición en respaldo de la acción del ejército. Por otro lado, las milicias cívicas secundaron la actitud de “sus hermanos los individuos del ejército del centro, la guarnicion de la plaza del Callao y demas jefes militares”: desde Bellavista, el subinspector general de cívicos, Juan de Berindoaga, conde de San Donás, y los jefes y oficiales de los distintos cuerpos cívicos, enviaron una representación al Congreso.

Representación de los cuerpos cívicos en respaldo de la actitud del ejército.

Al mismo tiempo, en el campamento de Miraflores, el mariscal Arenales no recibía la respuesta a su renuncia de la víspera. Deseando dejar en claro que no estaba involucrado de modo alguno con la actitud de sus antiguos subalternos, se dirigió a las tropas informando de su renuncia, y que la había repetido ese mismo día a las once de la mañana. “Lo hago saber al ejército para que así lo tenga entendido, y que no se obedezca órden alguna dada á mi nombre”. Al día siguiente, mientras se decidía la elección presidencial, el viejo soldado pidió al Congreso se le expidiera el permiso respectivo para retirarse del Perú; sin recibir respuesta, Juan Antonio Álvarez de Arenales, mariscal de los ejércitos de la República del Perú y de la República de Chile, y general de los ejércitos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, abandonó para siempre el Perú. En abril publicaría un manifiesto para explicar las causas "que me ha impelido á dejar precipitadamente las ingratas costas del país donde llevamos el pendon de la libertad, y presentarme en el generoso Chile que nos había enviado".

Manifiesto del mariscal Arenales, fechado el 16 de abril de 1823.

Por su parte, la molestia ante la demora del Congreso llevó a Santa Cruz a ordenar la marcha del ejército hacia la hacienda de Balconcillo, a poco más de dos kilómetros de Lima. La denominación histórica de “motín de Balconcillo” que se da a este pronunciamiento, surgió de este momento. En Balconcillo, el general firmó un nuevo oficio al Congreso, insistiendo en el pedido anterior: “Los enemigos de la patria no duermen; y Vuestra Soberanía puede evitar los peligros con que nos amenazan”. Envió al teniente coronel Juan Bautista Eléspuru con un recado verbal para el presidente del Congreso, doctor Araníbar: "que dentro de media hora debía resolverse, si no se quería que el ejército tomase resoluciones del momento".

Oficio al Congreso, 27 de febrero de 1823.

En el Congreso, el debate fue intenso. El diputado José Pezet pidió la lectura de la representación de Tramarría, lo que fue rechazado por la Mesa por infringir la ley del 19 de diciembre. Un grupo de diputados, entre los que figuraban Luna Pizarro y Mariátegui, pidieron no tomar resolución por la falta de libertad en que se hallaban por la presión militar; otro grupo insistió en acceder a la solicitud de los jefes. Entonces, Luna Pizarro presentó un voto, firmado por dieciocho diputados más, insistiendo en la carencia de libertad en la deliberación de un asunto de tanta importancia, pidiendo no deliberar la cuestión mientras la fuerza armada no sobreseyese sus pretensiones, proponiendo luego debatir la variación del gobierno “si lo tuviese por conveniente”, protestando contra toda violencia o miedo grave. Mariano José de Arce fue más lejos: sostuvo que ante la presión militar, sólo “soy un simulacro de representante del Perú y juzgo que el Congreso solo es un simulacro”. 

Mientras el debate se prolongaba, el general Santa Cruz, impaciente por terminar el asunto, ingresó con sus fuerzas a Lima, ocupó las calles y plazas, y detuvo en su alojamiento al mariscal La Mar, presidente de la Junta.

Uniformes de los batallones N.° 2 y N.° 3 del Perú, que actuaron en los hechos de febrero de 1822.
(dibujo del autor)

En el Congreso, Hipólito Unanue propuso una solución contemporizadora para evitar “la división de anarquía que amaga”: la retirada inmediata del ejército a sus cuarteles, el retorno de la Junta Gubernativa al seno del Congreso, y el encargo de la administración del poder ejecutivo al jefe de mayor graduación hasta la deliberación definitiva de la representación nacional. Mariano Quesada salvó su voto, aduciendo que ningún funcionario podía ser suspendido o separado sin el previo juicio de residencia. Se aprobó la propuesta de Unanue, propuesta calculada para dar al Congreso las apariencias de una libertad inexistente, pues en el fondo se aceptaba la imposición militar.

Decreto del 27 de febrero de 1823.

El primer presidente del Perú.

La noche del 27 de febrero, se reunió el Congreso para tomar juramento al jefe de mayor graduación, mariscal José Bernardo de Tagle y Portocarrero, marqués de Torre Tagle. Luna Pizarro, una vez más, intentó ganar tiempo, presentando en vano una moción para que no se prestase el juramento; derrotado, se retiró del Congreso, y con licencia, partió a Chile. Ante una carta que afirmaba la retirada de las tropas, se hizo entrar al mariscal Tagle, quien prestó el juramento como encargado del mando supremo, manifestando estar animado de los mejores sentimientos para contribuir a la felicidad del país, y que pese a estar convaleciente de una grave enfermedad, se ponía al servicio del Congreso y de la Patria.

Retrato del marqués de Torre Tagle, José Bernardo de Tagle y Portocarrero, existente en el Instituto Sanmartiniano del Perú.
(fotografía del autor, 2019)

La sesión del viernes 28 de febrero, abrió con el pedido de la antigua Junta Gubernativa por la formación de un juicio de residencia, lo que fue remitido a la comisión de Justicia. En esa sesión clave, el general Santa Cruz se presentó personalmente al Congreso, y con frases acomedidas, recalcó los sentimientos del ejército por la salvación de la Patria, que protestaban obedecer lo que el Congreso decretase. Sin embargo, advirtió que de no nombrarse a Riva Agüero, los jefes y oficiales renunciarían a sus empleos y pedirían sus pasaportes. Intentando calmar los ánimos, el presidente del Congreso, doctor Araníbar, manifestó el agrado ante los sentimientos de subordinación manifestados por el ejército. Antes que el general Santa Cruz se retirase, el diputado Carlos Pedemonte criticó la conducta de los jefes como poco subordinada, aunque disculpable por el ardor del ejército por una medida que creían capaz de salvar a la Patria.

Esta pintura de Rugendas (1843), ilustra el mercado principal de Lima ubicado en la plaza de la Inquisición, apreciándose la iglesia de la Caridad, sede del Congreso en 1822. Observando esta pintura, no es difícil imaginar el aspecto de la plaza en los días de febrero de 1823, con la presión militar y popular a los diputados en pro de la elección de José de la Riva Agüero.
(Lima la Única - Facebook)

Habiéndose retirado el general, Sánchez Carrión tomó la palabra. Reflexionando sobre los hechos, manifestó que entre licenciar al ejército (que en su opinión, era lo mismo que fracasar la independencia) o acomodarse con los deseos militares, el Congreso debía decidirse por el mal menor. Manuel Pérez de Tudela criticó la imprudencia de “un señor diputado” (refiriéndose a Luna Pizarro) como causa de los excesos producidos por el ejército el día anterior; afirmó que se debía proceder a la elección pedida. Unanue se adhirió a lo anterior y encomió los méritos de Riva Agüero, añadiendo que de ningún modo se debía considerar la elección como resultado de la presión del pueblo y de los jefes militares (Gonzalo Bulnes se mofaría de esta frase del "blando Unanue"). Eduardo Carrasco y varios diputados elogiaron la figura de Riva Agüero.

Y así, se procedió a llevar a cabo la elección: por treinta y dos votos (a los que se añadieron tres diputados que llegaron tarde y dos diputados que enviaron su voto por escrito), se aprobó dar al coronel de milicias José de la Riva Agüero el título de Presidente de la República con el tratamiento de Excelencia. Se procedió a extender el decreto respectivo, que fue comunicado tanto al encargado del mando, mariscal Tagle, como al general Santa Cruz, el que envió un nuevo oficio, felicitando al Congreso por la decisión.

Decreto del 28 de febrero de 1823.

Ese mismo viernes 28 de febrero de 1823, José de la Riva Agüero juró la Presidencia de la República. El presidente del Congreso dio entonces un discurso grandilocuente en que rozaba los límites de la adulación al comparar al nuevo presidente con el general romano Escipión el Africano, vencedor de Aníbal en la segunda guerra púnica: "¡Quiera el cielo, que así como Roma formó un calendario particular para celebrar el día de la batalla de Sama en honor de la república y de Scipion; el Perú lo forme igualmente del día en que se reconozca por todas las naciones su independencia, en honor de la república y del Presidente Riva-Agüero!". Riva Agüero respondió con un breve discurso prometiendo corresponder a la honra con que el Congreso lo había distinguido, pidiendo al cielo días venturosos para el Perú, que la nueva Constitución afianzase las libertades peruanas, y la dicha de retirarse a la vida privada con la satisfacción de no dejar ni un solo tirano en el Perú.

Ley del 4 de marzo de 1823.

La adulación no había hecho más que empezar: el 4 de marzo de 1823, a propuesta del diputado Toribio Dávalos, el Congreso ascendió al coronel de milicias Riva Agüero al máximo grado del escalafón militar peruano: gran mariscal de los ejércitos del Perú; el mismo decreto estableció el uso de la banda bicolor como símbolo del poder presidencial. En cartas publicadas en la edición de la Gaceta del Gobierno publicada el 5 de febrero, Riva Agüero aceptaba la banda bicolor pero rechazaba el mariscalato aduciendo su falta de méritos militares, a lo que el doctor Araníbar respondió que el ascenso se debía a sus méritos y “por decoro necesario a la alta dignidad que hoy ocupa, y como un honor debido al rango elevado del primer magistrado de la República”.

Firma del gran mariscal José de la Riva Agüero, primer presidente de la República.

De esta manera, en palabras de Nemesio Vargas, “el celo por guardar la soberanía, fué causa de que el país cayera bajo el despotismo militar; por querer levantar demasiado la espada de la ley, los representantes sometieron el país á la ley de la espada”. Los conspiradores habían aprovechado la ceguera del Congreso ante las necesidades bélicas, la debilidad de la Junta en la conducción de la guerra, la creciente inquietud de Arenales ante la situación del ejército. De ese complejo cóctel, y con la fuerza del ejército, había emergido una nueva institución: la Presidencia de la República, aunque sin asignarle funciones o duración. Pocos notaban que la imposición de la elección de Riva Agüero era también el germen de nuevas alteraciones: el número de diputados opuestos no dejaba de ser considerable. Luna Pizarro y otros diputados partieron al extranjero en señal de protesta. Varios de los diputados que continuaron asistiendo a las sesiones, no olvidarían la imposición de febrero de 1823, y esperarían el momento para su revancha.

"La historia de vida de José de la Riva Agüero es la historia de la independencia y de la naciente república. Su trayectoria política pasa por los Gobiernos de los últimos virreyes - Abascal, Pezuela y La Serna -, las guerras de independencia, la expedición libertadora y Gobierno de San Martín, el establecimiento de la república con la junta gubernativa y el primer Congreso Constituyente, su propio Gobierno como primer presidente del Perú, los inicios de la dictadura de Bolívar, casi todos los Gobiernos republicanos, la confederación Perú-Bolivia y el período "castillista" entre las décadas de 1850 y 1850. Es un testigo de excepción y protagonista de este proceso de larga duración: el de la consolidación de la independencia en la república peruana. Parte importante de esa historia del Perú que él representa es la de los liderazgos políticos" (Hernández).
(grabado publicado en la Historia del Perú independiente de Paz Soldán, 1870)

FUENTES CONSULTADAS.

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