Lambayeque en 1863 (II)

III

Entre 1820 y 1840, Lambayeque formaba parte del departamento de La Libertad, pero su situación se mantuvo en un punto muerto por la profunda desarticulación interna de la economía peruana tras las guerras de independencia y la consolidación nacional. Sin embargo y a pesar de la creación de la Aduana de Lambayeque en 1827 y de la Beneficencia Pública en 1836, la ciudad inició una lenta e irremisible decadencia, que comenzó en 1828, cuando a causa del fenómeno del Niño, el cual ya había afectado a la ciudad en 1791 y en 1815, las lluvias torrenciales y el desborde del río entre el 14 y 16 de marzo, inundaron la ciudad de Lambayeque destruyendo numerosas viviendas, perdiéndose grandes extensiones de terrenos cultivables, agravándose la situación con el terremoto del 30 del mismo mes, lo que empobreció a la población dando lugar a que se entablase numerosas demandas por deudas y a que lo poco que se podía recaudar como contribuciones se invierta en la provincia. Las constantes levas hacían más difícil el cobro de los impuestos, pues los tributantes abandonaban sus hogares, huyendo para no ser levados. Para colmo, los pocos efectivos del orden no podían tampoco dar seguridad a los pueblos apartados, muestra de la desorganización inicial de la República.

Tras el desastre, la importancia de Lambayeque empezó a decrecer en provecho del pequeño pueblo de Chiclayo, que se convirtió en el nuevo eje regional, con la cual comenzó una rivalidad que duró a lo largo del siglo XIX, y que se expresaba en detalles como la filiación política, pues si Lambayeque apoyaba a un determinado caudillo (Santa Cruz en 1836, Vivanco en 1856 y Prado en 1867), los chiclayanos apoyaban al caudillo opuesto (Salaverry en 1836, Castilla en 1856 y Balta en 1867). La rivalidad incluso llegó a aflorar en devociones religiosas como en mayo de 1834, durante la fiesta de San Isidro en Chiclayo, llegando el Gobierno al extremo de enviar batallones para controlar el orden entre ambas ciudades (1853). En medio de las vicisitudes del breve gobierno del general Felipe Santiago Salaverry, gracias a las gestiones de José Leonardo Ortiz, en abril de 1835, se elevó a Chiclayo a la categoría de Ciudad y se creó la creación de la provincia de Chiclayo, medida confirmada por el gobierno restaurador del mariscal Agustín Gamarra en marzo de 1839.

En el censo de 1853, Lambayeque contaba con 8551 habitantes, lo que indica, al margen de las deficiencias metodológicas, que la población disminuyó en un 28,88% con respecto al censo de 1784, confirmando la decadencia lambayecana y el creciente empuje chiclayano. Además, a mediados del siglo XIX los nuevos buques de vapor exigían mejores puertos que el Puerto Mayor de San José (la antigua Santa Rosa de Lambayeque), por lo que paulatinamente Pimentel y Eten, puertos de la provincia de Chiclayo, pasaron a ser los puertos de desembarque y embarque de mercaderías, lo que se consolidaría en los años 1870 con las empresas ferroviarias y portuarias de Eten y Pimentel.

Pero pese a ello, se vislumbraban expectativas de recuperación para Lambayeque. El arroz, como en los tiempos virreinales y como en la actualidad, formaba parte integral de la economía lambayecana. Lo mismo sucedía con el azúcar. Hacia 1875, de las 235 plantaciones de caña de azúcar a nivel nacional, 62 plantaciones estaban en la nueva provincia de Chiclayo y 29 en la provincia de Lambayeque. Además, el estanco chileno del tabaco se proveía en Lambayeque, hasta su supresión en 1872, y la casa Delgado Hermanos e Hijos cultivó tabaco en las haciendas de Batán Grande y La Viña, y en Motupe, manteniendo la posesión de estos contratos hasta 1869, tras lo cual cesaría el cultivo del tabaco en Lambayeque, perdiéndose tan lucrativa industria.

En enero de 1868, las fuerzas del coronel José Balta triunfaron sobre las tropas del gobierno del coronel Mariano Ignacio Prado en Chiclayo. Como si eso no fuera suficiente, poco después estalló la terrible epidemia de fiebre amarilla, que diezmó a Chiclayo y a los pueblos vecinos. Pero increíblemente y pese a ser un lugar rodeado de charcas y lagunas de agua estancada propicias para desarrollar miasmas palúdicos y malas condiciones sanitarias, Lambayeque “no fue atacada por la fiebre amarilla que grasaba en todas las poblaciones situadas en sus alrededores; y si hubo algunos enfermos fueron personas que trajeron el mal de fuera”. La escasez de víveres llegó a un extremo desesperado en Chiclayo: el queso, el trigo, las papas, la carne y demás productos de la sierra faltaron, pues los pobladores de esa región se abstenían de bajar a la costa, por miedo a enfermarse, lo que favoreció que algunos comerciantes acapararan alimentos y se hicieran ricos. Pese a la epidemia, Raimondi comentaría en 1868, que en Lambayeque se observaban muestras de una antigua opulencia, pero que "si actualmente Chiclayo progresa todos los días, Lambayeque va al contrario, decayendo un poco; se diría que la primera población le absorbe toda su vida; aún su principal industria, la fabricación de jabón, tan floreciente en el siglo pasado, está actualmente abatida..."

Pero faltaba la estocada final: en marzo de 1871, un devastador Fenómeno del Niño, selló la decadencia de Lambayeque, otrora rica, ostentosa y señorial, digna émula de Trujillo y Piura. No en vano el sabio Raimondi dijo que “la población de Lambayeque tiene en el río que la baña, su ruina y su sentencia de muerte, hallándose amenazada casi todos los años por inundaciones”. La noche del 13 de marzo, las aguas inundaron la ciudad y convirtieron literalmente en canales las calles de la ciudad, registrándose en los muros de la Iglesia de San Pedro, un “Hasta aquí llegaron las aguas el 71”: 1 metro y 10 de altura. Las consecuencias de la inundación de 1871 fueron terribles: se perdieron las cosechas, la tierra se convirtió en pantanos, y los caminos se hicieron impracticables. De tal forma que cuando el 1º de diciembre de 1874, el presidente Manuel Pardo creó el departamento de Lambayeque, la capitalidad del departamento pasó a Chiclayo, que así ganó definitivamente la puja con Lambayeque sobre la capitalidad del antiguo partido de Saña.

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Fue en este ambiente de decadencia de esta ciudad, originalmente una reducción indígena, luego una opulenta villa colonial, donde pasó sus primeros años de vida, quien sería el presidente que gobernó más tiempo en el Perú: Augusto B. Leguía.

BIBLIOGRAFÍA

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Lambayeque en 1863 (I)

Hoy, 27 de diciembre, se conmemora un aniversario más del grito de independencia, que haría que Lambayeque fuese declarada "Benemérita" por el Primer Congreso Peruano. Estos párrafos son parte de un trabajo efectuado sobre Augusto B. Leguía, donde describe tanto el origen, apogeo y decadencia de Lambayeque entre los siglos XVI y XIX, y sirvan como mi conmemoración de esta fecha.

En 1863, la ciudad norteña de San Pedro de Lambayeque, conservaba aun su aire colonial. Al norte de la ciudad corría el río, llamado Faquisllanga en los tiempos prehispánicos, conocido actualmente como Chancay o de Lambayeque, mientras que al sur corre una vertiente del mismo, y más al sur, al costado del camino a Chiclayo un campo de dunas con amplia vegetación, como eucaliptos, molles y algarrobos. Al norte, atravesando el río, existía (y aún existe) una pampa semidesértica en el camino a la cercana localidad de Mochumí. La ciudad estaba rodeada por vastas extensiones de bosques secos ecuatoriales, cuya vegetación estaba compuesta de especies adaptadas a las duras condiciones del norte del Perú, como los algarrobales y los ceibales. En esos bosques, pastaban rebaños productores de lana y sebo.

La Plaza mayor o principal, era limpia y cuadrada, con una antigua pileta en el centro. Seguramente tenía alguna arboleda, mayor que la de los años coloniales, en los cuales, la Plaza servía para los ejercicios militares de las milicias locales. Desde 1791, para las fiestas navideñas, aproximadamente hasta los años 1880, la Plaza se adornaba con “toldos”, es decir, con “cuartos o salones amplios, improvisados con palos y cañas, petates, esteras, etc., forrados en madapolán o picardía (ricos géneros blandos de la época) y llenos de billares u otros juegos (bolos, trucos, etc.) y de mesas para exhibir las viandas, despacharlas y comerlas”, todas “encendidos como ascuas, por un cúmulo de luces y farolillos de color”.

A la plaza la rodeaban las calles San Roque (hoy Dos de Mayo; cuyas cuadras tenían distintas denominaciones como del Río, del Cabildo y de la Aduana), del Comercio (hoy Ocho de Octubre; en la época colonial llamada de los Mercaderes y en 1825 de la Independencia), Ña Medina (hoy Atahualpa; su nombre se debía a dos vecinas propietarias de dos solares en dicha manzana, doña Teodora y doña Teresa Medina y Búcaro, descendientes de una familia avecindada en Lambayeque tras la ruina de Saña) y San Isidro (hoy Simón Bolívar; continuación de la recta de Alto Perú). En el perímetro de la plaza estaban, partiendo desde la esquina de San Roque y Escribanos, la Municipalidad, la Aduana en la siguiente cuadra, varias casonas particulares como las de los Leguía, los Iturregui y los Salcedo completaban el perímetro, hasta llegar por último y no menos importante, a la Iglesia de San Pedro.

Los arrabales estaban al oeste y al este, alrededor de la ciudad. El centro de la ciudad estaba lleno de casonas solariegas. Estas casonas estaban hechas de materiales tradicionales: adobe en el primer piso y quincha en el segundo. La mayoría de las casonas tenían dos pisos con balcones y enrejados, de los que actualmente quedan muy pocas muestras. Al este de la plaza existe una colina que era cruzada por la calle conocida como Alto Perú (hoy Bolívar).

En la Plaza, se vendían todos los días los productos producidos por los poblados aledaños. Los pescadores de San José vendían róbalos, tollos y rayas, pescados en sus caballitos de totora. De Chongoyape, se traía cacao y café. Desde Illimo llegaban las vivanderas que ofrecían la densa chicha contenida en odres. De las huertas de Jayanca, se traían los racimos de uvas en canastos de carrizo. Los arrieros de Olmos traían tamarindo de Piura, brea de Amotape, azufre de Sechura, y paja toquilla que los balseros paiteños obtenían en Guayaquil. Los comerciantes de San Pedro de Lloc exhibían oloroso anís de Paiján, lana de ovejas cajamarquinas y añil de Costa Rica. Los habitantes de la cabecera de la sierra traían trigo, cebada y papa seca. Los indígenas de Catache, y los brujos de Salas ofrecían medicinas para todo tipo de males.

Importantes eran también la recta de San Antonio, Santa Catalina (también conocida como de la “mano peluda”, en cuya esquina con San Roque, se hallaba la Casa de la Logia, de importante papel en la independencia de Lambayeque), de la Gallera (conocida a inicios del siglo XX como Mariano Pastor Sevilla, hoy llamada José de San Martín), del Mercado, Callejón Rojo, de doña Rosa Cotera de los Ríos, del Correo y del Molino, todas las cuales formaban una sola recta, que desde 1866 sería llamada Constitución (sería en el siglo XX que llegaría al actual nombre de Miguel Grau); Chancay (llamada así por conducir a las chacras del valle de Chancay, actualmente llamada Francisco Bolognesi), del arrabal de Vulcano (hoy Juan Manuel Iturregui), Tres Cruces (hoy Junín), de la Ladrillera (hoy 28 de julio), del Palmo (hoy Huáscar) y Tancún (hoy Emiliano Niño).

Desde cualquier calle se podía contemplar la torre octogonal de la Iglesia de San Pedro, donde el maestro trujillano Nicolás Zevallos colocaría en 1864 un reloj donado por don Manuel Salcedo. La construcción de la Iglesia de San Pedro había empezado en 1563 y tras haber sido afectada por el fenómeno del Niño de 1720, fue refaccionada, siendo concluida en 1739. La Iglesia contaba con 3 puertas de arco, que aun existen. La principal tiene a sus costados una columna con pedestal, sosteniendo un frontón inconcluso, en cuyo centro superior existe una ventana. La Iglesia era magnífica por dentro: su altar mayor (el segundo en su historia) estaba hecho de pan de oro, que se perdería en un incendio en 1891.

Al costado de la Iglesia, formando una calle lateral, se alineaban las capillas de San Francisco, Santa Catalina, San Roque y Santa Lucía, parroquias autónomas, existentes desde inicios del siglo XVII. Durante la República, Santa Catalina y Santa Lucía fueron rematadas, sobreviviendo San Roque y San Francisco, funcionando sus pilas bautismales hasta 1863 en que San Pedro quedó como única parroquia local. En la actualidad, de las antiguas capillas laterales, sólo se conserva la capilla de San Francisco, la cual está siendo refaccionada, y la fachada de la capilla de Santa Catalina, la cual se encuentra tapiada.

Los vecinos eran gente honesta, trabajadora: eran comerciantes nacionales y extranjeros, labradores y artesanos. Había una mayor cantidad de indígenas, seguidos por los mestizos, los pardos, los blancos y los negros. Incluso había varios consulados, como el italiano y el norteamericano, situados en las Casa Descalzi y Montjoy respectivamente. En la zona este de la ciudad se hallaba el Hospital de Belén, fundado en 1781. Además algo alejadas de la ciudad, se hallaban las “tinas” donde, en tiempos coloniales, se fabricaba jabón y se curtía cuero.

I

El nombre antiguo de la ciudad fue Yampallec, pero los españoles la llamaron Lambayeque cuando pasaron por allí a fines de octubre de 1532. Al efectuarse los primeros repartimientos, Lambayeque estuvo asignado al conquistador Juan de Barbarán y San Pedro, personaje muy cercano al Marqués Pizarro, hasta el punto que fue quien enterró los restos del Conquistador, casi a escondidas, aquella trágica noche del 26 de junio de 1541. Fundada en la segunda mitad del siglo XVI, en una fecha que no ha llegado hasta nosotros, aunque la tradición la ubica en 1553, San Pedro de Lambayeque era sólo una reducción indígena, una urbe de adobes, con techos de vigas de sólida madera de algarrobo.

Es a partir del siglo XVII que Lambayeque se convierte en una urbe española, con las calles partiendo de una plaza. El saqueo de la opulenta ciudad de Saña por el pirata Davis en 1686 y su destrucción por una inundación en 1720, llevaron a su abandono por las autoridades y pobladores en provecho de Lambayeque. En 1784, según el Obispo Martínez de Compañón, Lambayeque contaba con 12,024 habitantes, contando con más de 50 tinas y trapiches con importantes volúmenes de producción, contando con el importante puerto de Santa Rosa de Lambayeque. La población estaba conformada por habitantes de diferentes etnias: españoles, mestizos en menor cantidad, indígenas, negros esclavos, mulatos y zambos.

La importancia de Lambayeque era tal, que tras la creación de las intendencias en 1781, entró a formar parte de la intendencia de Trujillo como cabeza del partido de Saña, que abarcaba los valles de La Leche (o Motupe), Chancay (con sus tres vertientes: canal Taymi, Lambayeque y Reque) y Saña. La Corona se preocupó por promover el desarrollo de la ciudad, fundando instituciones como el Colegio del Príncipe y el Hospital de Belén, que sólo estaban en ciudades importantes.

La principal riqueza lambayecana era la agricultura, favorecida gracias a un suelo feraz. Sus variados frutos alimentaron en tiempos coloniales un comercio constante y frecuentado con los importantes mercados de Lima, Guayaquil, Panamá y Chile. La importancia de Lambayeque llamó la atención de los virreyes y por ende, del gobierno de la metrópoli que dirigía una protección que, aunque mal dirigida por la doctrina económica de la época, el mercantilismo, “no era por ello menos solícita y casi paternal” en palabras de Manuel Pardo, siendo disculpable era que la corona española estancara el tabaco y reglamentara la industria de los cordobanes.

Después del tabaco, del arroz y del azúcar, el principal movimiento agrícola y comercial que se realizaba era la cría y engorde del ganado vacuno y cabrío para el que los algarrobales y prados naturales de la zona daban ancho campo. Pero no quedaba aquí el movimiento comercial de la zona. Aunque no tan extensa como las anteriores, no era menos importante la industria de tejidos tanto de paja como de algodón. Entre los primeros figuraban los sombreros y los petates. El cultivo del algodón servía apenas para el tejido local.

II

Al iniciar el siglo XIX, Lambayeque fue uno de los principales focos de insurrección patriota. El caudillo de los patriotas en Lambayeque fue Juan Manuel de Iturregui y Aguilarte, quien en 1820 era Alcalde de españoles y Coronel de las Reales Milicias de Ferreñafe, con la cooperación de su hermano José Ignacio; de Antonio López Vidaurre, Alcalde de Primera Nominación; de Melchor Sevilla, Alcalde de Segunda Nominación; del síndico procurador Mariano Quesada y Valiente; del coronel de milicias Juan del Carmen Casós; del capitán de milicias Pascual Saco Oliveros, de los hermanos José, Santiago y Romualdo de Leguía y Meléndez, y de numerosos ciudadanos, cuyos nombres se pueden leer en la actualidad en cuatro piletas de mármol en cada esquina de la Plaza de Armas de Lambayeque, llamada precisamente “27 de diciembre”.

Es punto de controversia entre los lambayecanos y los trujillanos, qué población juró primero la independencia. Los lambayecanos sostienen que lo hicieron el 27 de diciembre de 1820, es decir dos días antes que los trujillanos, existiendo varias evidencias documentales que lo confirmarían, aunque el memorialista liberteño Nicolás Rebaza sostenga lo contrario, afirmando que el Acta del 27 se firmó en secreto, haciéndose pública recién después de recibir el aviso de la proclamación en Trujillo el 29.

El hecho es que el 27 de diciembre, desde tempranas horas, llegaron a Lambayeque, las milicias de Ferreñafe a órdenes del capitán Baltasar Muro, un grupo de patriotas chiclayanos al mando de José Leonardo Ortiz, y milicianos de los pueblos cercanos, que sumados a los patriotas lambayecanos, podían derrotar fácilmente a las dos compañías de Dragones, las cuales, compuestas por 84 hombres al mando del sargento mayor Antonio Gutiérrez de la Fuente se atrincheraron en el local de la Aduana. Esa noche y tras la conminación de Pascual Saco, quien ingresó solo y desarmado a la Aduana, los Dragones se rindieron, permitiéndose su retirada a Trujillo, evitando un inútil derramamiento de sangre, tras lo cual el Cabildo, ya con el Acta firmada en la casa de don Melchor Sevilla (actual esquina de 8 de Octubre y Bolívar, detrás de la Iglesia de San Pedro), juró la libertad, proclamando la independencia de Lambayeque. El 31 de diciembre, tras enterarse de los hechos de Trujillo, se volvió a jurar la independencia en dos actos: uno, más popular, en las primeras horas de ese día, en la casa del síndico Quesada y Valiente, y otro, de carácter más protocolar, horas más tarde, en el Cabildo. Pocos días después, el 14 de enero de 1821, se proclamó solemnemente la independencia.

Los patriotas reunieron dinero para ayudar al general don José de San Martín y su ejército en Huaura, y formaron dos escuadrones de 800 hombres al mando de Iturregui y de Pascual Saco Oliveros, tropas que serían la base para el Regimiento de Coraceros del Perú, que instruidos por el comandante tarapaqueño Ramón Castilla, fueron llamados Húsares del Perú y que tras decidir la victoria peruana en la batalla de Junín en agosto de 1824, serían llamados Húsares de Junín. Antes, Torre Tagle dio a Lambayeque el título de Ciudad por Decreto del 15 de junio de 1822, y por ley de 18 de diciembre de 1822, el Primer Congreso Constituyente concedió a Lambayeque el apelativo de Generosa y Benemérita por “haber dado el ejemplo a los demás pueblos del Departamento al proclamar la Independencia”.

De Gamarra a Castilla (1839-1855)

En este artículo, revisamos los años de la Anarquía que siguió a la muerte de Gamarra y el surgimiento de la figura del Mariscal Ramón Castilla, quien restauró el orden y el imperio de las leyes, iniciando una época de progreso para la República, marcada por varios altibajos.

En 1841, el Presidente Gamarra invadió Bolivia, pues aspiraba a rehacer la obra de Santa Cruz, pero desde el Perú. Sin embargo, no tuvo éxito: los caudillos bolivianos se unieron en torno del general José Ballivián, antiguo protegido de Gamarra, quien el 18 de noviembre, presentó batalla a Gamarra en Ingavi. En esta batalla, quizá la peor derrota de nuestra historia militar, el ejército peruano fue derrotado (en parte gracias a la retirada inesperada de la caballería al mando de San Román, cuando aún la batalla no se hallaba decidida) y el Mariscal Gamarra cayó muerto (en un hecho que generaría rumores de haber sido un “crimen perfecto”), limpiando así, según José de la Riva-Agüero, una parte de las tremendas responsabilidades que tiene su memoria.

Envalentonados con este éxito, los bolivianos invadieron el sur del Perú, donde enfrentaron una gran resistencia, llegándose a ver episodios anecdóticos, pero demostrativos de la voluntad de defender la Patria del pueblo puneño, moqueguano, tacneño y tarapaqueño. Fue precisamente en Tarapacá, donde inclusive los pobladores llegaron a fundir las imágenes de plomo de la Iglesia, dando origen a la historia de las “balas del niño Dios” recogida por Palma en una de sus Tradiciones Peruanas. Ante el peligro, todos los caudillos militares se unieron en la defensa del Perú, respetando la Presidencia del civil Manuel Menéndez, Presidente del Consejo de Estado. Al final, la guerra concluyó por el Tratado de Puno, de junio de 1842, donde ni Bolivia ni el Perú se anexionarían algún territorio, retornándose al statu quo previo a la guerra.

Pero si durante la guerra, los caudillos se unieron por la defensa del Perú, al concluir el conflicto, volvieron a las andadas. Primero fue el general Juan Crisóstomo Torrico, que manipuló primero y depuso después al débil Presidente Menéndez, manteniendo una pugna con el general Gutiérrez de la Fuente, jefe del Ejército del Sur, que a su vez, proclamó Presidente al general Francisco de Vidal (julio de 1842), quien era el segundo vicepresidente del Consejo de Estado (ya que el primer vicepresidente, el anciano jurista don Justo Figuerola se hallaba también en Lima)… Y en la batalla entre Torrico y Vidal, en las pampas de Agua Santa (octubre de 1842), se dio el espectáculo cómico y representativo de que ambos generales se creyeron vencidos y buscaron salvarse en la fuga.

Pese a creerse derrotado, al final Vidal salió vencedor y asumió el poder, ejerciéndolo con probidad, pero no duraría mucho. Desde el Sur, el general Manuel Ignacio de Vivanco se proclamó Supremo Director de la República (enero de 1843), y Vidal dejó el mando a don Justo Figuerola, encargado del mando (marzo de 1843), que llegó a arrojar la banda presidencial por el balcón de su casa, episodio recogido por las Tradiciones de Palma.

El autoritarismo de Vivanco, en base al ejemplo del Chile portaliano, buscaba traer la paz y el progreso que el Perú anhelaba. Don Manuel Ignacio, caballero elegante y culto (incluso fue miembro correspondiente de la Real Academia), llegó a los extremos del personalismo, exigiendo incluso un juramento de fidelidad a su persona. Pero su régimen ostentoso, fue muy represivo con sus enemigos… La oposición a Vivanco se encarnó en los generales Domingo Nieto y Ramón Castilla, que se levantaron en defensa de la Constitución. Pero en plena campaña, el general Nieto, conocido como el “Quijote de la Ley”, falleció de enfermedad, asumiendo Castilla el mando de las operaciones, llevando a la derrota de Vivanco en la batalla de Carmen Alto (Arequipa) en julio de 1844, partiendo luego el Supremo Director al exilio, “como cumple el soldado de honor (con) el enemigo que en buena guerra le ha vencido”. Contra todo pronóstico, Castilla entregó el poder a don Manuel Menéndez, a fin de convocar a elecciones donde ganó… Castilla, que llegó a ser el único gobernante bajo la vigencia de la Constitución de 1839, en cumplir con su mandato.
Ramón Castilla, una de las personalidades más importantes de nuestra historia republicana, no era un desconocido en la vida pública peruana. Nacido en Tarapacá en 1797, había hecho sus primeras armas en los ejércitos realistas, combatiendo en Chacabuco (1817). Tras un novelesco viaje hasta Río de Janeiro, hizo desde allí un largo viaje hasta Lima, atravesando la Amazonía, conociendo de primera mano las inmensas posibilidades que ofrecían esas regiones.

Tras incorporarse a las filas patriotas, instruyó a los voluntarios norteños que formarían el escuadrón Húsares del Perú, mismo que decidiría la batalla de Junín, siendo conocidos hoy como Húsares de Junín. Pese a no intervenir en esta batalla, si combatió en Ayacucho, donde fue herido. Años después siendo Presidente, cuando le ofrecieron una condecoración extranjera, don Ramón respondería con su clásica socarronería: “para quien puede lucir la medalla de Ayacucho, las demás medallas son frioleras”.

Castilla se opuso a la Vitalicia de Bolívar desde la Prefectura de Tarapacá. Había respaldado a La Mar y a Orbegoso, pero no así a Santa Cruz, por lo que se exilió durante los años de la Confederación. A su valor y decisión, se debió en gran parte la derrota de Santa Cruz en Yungay. Ministro de Gamarra, lo acompañó en la campaña de Ingavi, donde fue hecho prisionero, y se cuenta que fue vejado por el mismo Ballivián, de lo que derivaría el odio eterno entre ambos caudillos. Liberado por la Paz de Puno, se opuso inicialmente a La Fuente y Vidal, convencido de que Menéndez era el gobernante legal, y luego se opuso a Vivanco, uniéndose a su viejo amigo, Nieto, para restaurar la legalidad, razón por la que fue conocido como el “Soldado de la Ley”.

El progresista primer gobierno de Castilla (1845-1851) consolidó la paz pública, llamando a su gobierno incluso a antiguos enemigos políticos. Castilla reforzó la defensa nacional, construyendo instalaciones militares, consolidando el Servicio de Policía, adquiriendo nuevo material bélico como el transporte Rímac, primer barco de guerra a vapor del continente; y promovió el progreso material, encarnado en la construcción del primer Ferrocarril de Sudamérica, entre Lima y Callao (1851).
Castilla también legisló sobre la educación y la administración pública, preparándose nuestro primer Código Civil, promulgado en el siguiente gobierno (1852). En el ámbito internacional, estuvo orientado por una franca política americanista, probada en el Primer Congreso Americano (1849). Toda esta obra, se vio respaldada gracias a los recursos originados por un nuevo producto: el guano de las islas, con lo cual el gobierno de Castilla puso orden en las finanzas, preparando el primer Presupuesto del Perú republicano para el bienio 1846-1847 (aunque en 1827, se había preparado ya un primer esbozo presupuestal). No sólo eso, sino que se puso al día el pago de la deuda externa, pagando inclusive una pensión al anciano Libertador San Martín (ya en sus últimos años), aparte de iniciar el pago de la deuda interna.

Paralelamente se vio un relanzamiento de las actividades culturales, y así, dentro de esta nueva intelectualidad, renacieron los debates doctrinarios, sucesores de aquellos conservadores y liberales de los primeros años republicanos.

Los conservadores estaban liderados por el sacerdote Bartolomé Herrera, director del Convictorio de San Carlos, quien propugnaba el orden como base fundamental para cimentar el desarrollo, en base a un gobierno de los más capacitados, una soberanía de la inteligencia. Herrera ponía en duda la teoría de la soberanía popular afirmando que el pueblo no delega, sino que consiente.

Frente a Herrera, estaba una generación de jóvenes liberales, donde destacaban los hermanos cajamarquinos Pedro y José Gálvez Egúsquiza, antiguos discípulos de Herrera en San Carlos, profesores del Colegio de Guadalupe, que defendían la idea de la soberanía popular.

De esta forma, ambos centros, San Carlos y Guadalupe, se convirtieron en las trincheras de ambas ideologías, en un debate que se reflejó en la prensa y en el Congreso, sobre todo desde 1849, cuando Herrera y Gálvez fueron electos diputados. En frases de Luis A. Eguiguren, San Carlos encarnó la tradición, el orden, la disciplina; Guadalupe ostentaba el espíritu de la libertad, de la democracia, del laicismo.
En 1851, Castilla concluyó su mandato. Tras unas accidentadas elecciones, donde se vio surgir la primera candidatura civil, la del acaudalado comerciante don Domingo Elías, el “hombre del pueblo”, asumió la Presidencia el general José Rufino Echenique, que se rodeó de figuras conservadoras, continuando con la obra de progreso. Sin embargo, los escándalos surgidos a causa de la corrupción en el pago de la deuda interna (donde incluso se llegó a falsificar la firma del Libertador San Martín), dieron a los liberales la oportunidad de conseguir las reformas que ansiaban y de reformar la Constitución de 1839. El gran alzamiento contra Echenique fue encabezado por Castilla, que se unió cuando la revuelta era un hecho. Durante la campaña, Castilla, con ideólogos liberales de la talla de Pedro Gálvez y Manuel Toribio Ureta de su lado, dio los decretos de la libertad de los esclavos y la abolición del tributo indígena.

Con gran apoyo popular, Castilla venció a Echenique en la decisiva batalla de La Palma, cerca de Lima, el 5 de enero de 1855. Lo que siguió, la Convención Nacional y la Constitución de 1856, merecen otro artículo...

La Constitución conservadora (1839)

En este artículo, revisamos la Constitución conservadora por antonomasia, el texto de 1839, obra de un Congreso sumiso a Gamarra y los restauradores, que priorizó el orden sobre todo, y a diferencia de los anteriores textos, tuvo una vigencia de 15 años, creando instituciones y figuras que continuarían hasta hoy.

Derrotada la Confederación, Agustín Gamarra volvió al poder, denominando a su régimen como la Restauración, y convocó a un Congreso, a reunirse en la capilla de la Merced de Huancayo. Inaugurado el 15 de agosto de 1839 y clausurado el 29 de noviembre, el Congreso de 1839 declaró insubsistente a la Constitución de 1834 (Ley de 23 de agosto de 1839). A este Congreso le bastó menos de tres meses para deliberar y votar una Constitución de 192 artículos, la cual fue promulgada por el mariscal Gamarra y sus Ministros Ramón Castilla y Benito Lazo, el 10 de noviembre de 1839.

El Perú arrastraba casi veinte años de continua agitación: la guerra de independencia, la dictadura bolivariana, el gobierno de La Mar, la invasión a Bolivia, el conflicto con la Gran Colombia, el golpe de Gamarra y su despótico gobierno, la guerra civil entre Orbegoso y Bermúdez, la sublevación de Salaverry y las guerras de la Confederación. Lo que se quería no era una Constitución modelo, un Gobierno perfecto o garantías extraordinarias. Lo que el Perú necesitaba era orden y paz. Para ello, se requería un Poder Ejecutivo eficiente, menos política y más administración.

En lo referente a la Nación, la Constitución de 1839 reiteraba lo que afirmaban las constituciones anteriores sobre la definición de la Nación como “la asociación política de todos los peruanos” y la prohibición de que fuera patrimonio de persona o familia, pero recordando el tiempo de la Confederación, se prohibía que se pudiera hacer pacto con cualquier Estado, “que se oponga a su independencia y unidad”.

En lo relativo a la religión, se reiteraba lo que decían las Constituciones de 1823, 1828 y 1834, acerca de que la Religión oficial era la Católica, Apostólica y Romana, sin permitir la tolerancia de otros cultos.

Sobre el estado político de los peruanos, la Constitución de 1839 distinguía nacionalidad de ciudadanía. Definía dos clases de peruanos: por nacimiento (hombres libres nacidos en el Perú, los hijos de padres peruanos al servicio de la Nación y nacidos en el extranjero, y los hijos de padres peruanos nacidos en el extranjero y registrados en la capital de la República) y por naturalización (los extranjeros admitidos al servicio del país, los que hubiesen servido en el Ejército o Armada, los avecindados antes de 1820, los extranjeros dedicados a actividades útiles, con 4 años de residencia y casados con peruana, y los españoles e hispanoamericanos que lo desearen).

Para ser ciudadano, se debería ser peruano (en cualquiera de ambas clases), mayor a 25 años, saber leer y escribir, excepto los indígenas y mestizos hasta 1845, y pagar alguna contribución. Se suspendía su ejercicio por ineptitud física o mental, por ser deudor quebrado o moroso al Tesoro Público, por estar procesado y por llevar una vida escandalosa. Se perdería la ciudadanía por una sentencia que impusiese pena infamante, por naturalización en otro Estado, por aceptar honores de otro Estado sin autorización del Congreso, por quiebra fraudulenta, por votos religiosos, y por la rebelión contra el Gobierno legítimo, y sólo se podría recuperar la ciudadanía por rehabilitación del Congreso, salvo los votos religiosos o la traición a la Patria.

Sobre la organización del Estado, se reiteraba la forma de gobierno popular representativo, consolidado en la unidad, responsable y alternativo. Como afirmaban todas las Constituciones anteriores (excepción claro está de la Constitución Vitalicia), el ejercicio de la soberanía era compartida por los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, independientes entre sí y sujetos a una estricta obediencia a la Constitución.

El Poder Legislativo como las Constituciones de 1828 y 1834, era bicameral, compuesto del Senado y de la Cámara de Diputados. Uno tenía iniciativa en materia de contribuciones y empréstitos; el otro redactaría las instrucciones para el Concordato y la formación de causa contra el Presidente y los altos funcionarios. Ambas Cámaras se reunirían en Congreso en ocasiones especiales, como el escrutinio de las elecciones presidenciales, para declarar vacante la Presidencia, para elegir consejeros de Estado, para declarar la guerra o a la Patria en peligro, y para conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo.

Los requisitos de elegibilidad eran distintos en cuanto a edad y renovación de sus miembros, pese a lo cual, tenían poderes semejantes. Un diputado, mayor de 30 años, duraría 6 años en su puesto, con renovación por tercios cada 2 años. Un senador, mayor de 40, duraría 8 años, con renovación por mitades cada 4 años.

La Constitución de 1839 introdujo dentro de nuestro ordenamiento constitucional dos figuras: una que ha durado hasta nuestros días, es la inmunidad parlamentaria, pues los representantes no podrían ser arrestados sino hasta 3 meses después de finalizadas las sesiones del Congreso. El otro, duró hasta 1879 y fue que el Congreso tendría reuniones bianuales.

En lo referente al Poder Ejecutivo, su Jefe Supremo era el Presidente de la República, cuyas atribuciones eran reforzadas notablemente, al igual que su mandato, que pasaba de 4 a 6 años, sin reelección inmediata. El Presidente de la República, que debía reunir las mismas calidades que un Consejero de Estado o un Senador, era elegido por los Colegios Electorales, por mayoría absoluta, en escrutinio supervisado por el Congreso en una sola sesión. Responsable de sus actos administrativos, esta responsabilidad se hacía efectiva al final de su mandato. Esto último, fortalecía la posición fáctica del Presidente, además de reducir la liberalidad de los representantes, que también fue limitada con la concesión de facultades extraordinarias al Ejecutivo para suspender garantías constitucionales, que pese a tener que contar con el Consejo de Estado, sirvió para poder mantener el orden frente a las asonadas, pronunciamientos y montoneras tan típicas del siglo XIX peruano.

La Constitución de 1839 dedicó mucha atención a la suspensión y vacancia de la Presidencia de la República, como si presintiera los hechos de 1841. Si el Presidente se ponía a la cabeza del Ejército en caso de guerra, o si estaba enfermo, se suspendía el ejercicio de la Presidencia. La Presidencia vacaba de hecho por muerte, o por cualquier pacto que haya celebrado contra la unidad e independencia nacional, con lo que evitaba toda tentativa de unión o confederación con Bolivia; y de derecho por admisión de su renuncia, término de su período constitucional e incapacidad permanente, no sólo física, sino también moral, figura que ha permanecido hasta la actualidad, pese a que, recordemos, los juicios morales no tienen más plataforma que la conciencia de los hombres. En cualquiera de estos casos se encargaba de la Presidencia de la República, el Presidente del Consejo de Estado. Es decir, no se restauraba la Vicepresidencia.

Como dijimos, las facultades del Presidente de la República en la Constitución de Huancayo fueron muy amplias comparado con las anteriores, aunque sin llegar a los extremos de la Constitución Vitalicia. Se encargaría de conservar el orden interior y seguridad exterior de la República, hacer cumplir las leyes y las sentencias judiciales, aparte de requerir la pronta administración de justicia, de convocar a elecciones y al Congreso ya sea de forma ordinaria o extraordinaria. Se introdujo dentro del constitucionalismo peruano, la figura del Mensaje Presidencial al inicio de las sesiones del Congreso, y se le concedió potestad legislativa mediante la facultad de dar decretos y órdenes. El Presidente dirigía las fuerzas de mar y tierra, declaraba la guerra y hacía la paz con aprobación del Congreso, nombraba a la mayor parte de los funcionarios públicos, y podía observar los proyectos de ley que le pase el Congreso, oyendo previamente al Consejo de Estado.

Sobre los Ministros, se limitaban a un máximo de 4 ministros, que debían tener las mismas calidades que un Senador. Se rescataba la incompatibilidad entre la función ministerial y la congresal, además de confirmar el refrendo ministerial y la responsabilidad correspondiente, y se les exigía una Memoria sobre su despacho, para la apertura de las sesiones del Congreso. Podían concurrir a los debates de las Cámaras, retirándose antes de las votaciones. De esta forma, el poder del Presidente sobre sus Ministros creció al punto que en 1848, José Gregorio Paz Soldán afirmó: “El Presidente está persuadido que sus Ministros son simples secretarios que deben autorizar lo que él dispone sin concederles, muchas veces, la menor participación en sus medidas. Porque como puede removerlos, se cree autorizado para no respetarlos, y cree también que son empleados suyos y no de la Nación”.

Como en la Constitución de 1834, la de 1839 recogió la figura del Consejo de Estado, un ente asesor del Presidente de la República, encargado de velar por la observancia de la Constitución y las leyes, acordar sesiones extraordinarias del Congreso, y de dictaminar sobre los proyectos de ley del Presidente y en los casos que éste lo requiriese. Conformado por 15 personas miembros o no del Congreso, su Presidente y dos vicepresidentes eran electos por el Congreso y duraba lo que una Legislatura ordinaria.

El Poder Judicial perdía su inamovilidad: los magistrados podían ser trasladados, suspendidos y hasta removidos por el Ejecutivo. Sus magistrados eran designados por el Presidente de la República a propuesta del Consejo de Estado, en el caso de la Corte Suprema y las Cortes Superiores, o a propuesta de las Cortes Superiores, en el caso de los Jueces de primera instancia. Pese a todo, se siguió viendo una constante primacía de la política sobre el derecho, como en el caso de la destitución del vocal Felipe Pardo y Aliaga en 1844.

En lo relativo al régimen interior de la República, la Constitución de 1839 suprimió los organismos locales, pues suprimió las Municipalidades, mantuvo la desactivación de las Juntas Departamentales, se limitó a mantener el sistema de prefectos, subprefectos y gobernadores, y además creó unos funcionarios administrativos, con facultades judiciales, ejecutivas y de seguridad pública: los intendentes de policía, designados por el Poder Ejecutivo y convertidos en único órgano de autoridad local.

En cuanto a derechos y garantías, la Constitución de 1839 mantuvo el texto de 1834, aunque permitía tácitamente la esclavitud.

La Constitución de 1839 contenía además, un título especial sobre la observancia y reforma de la Constitución, creando un núcleo duro de reforma, referido al gobierno popular representativo, fundado en la unidad, responsable y alternativo, y la separación de poderes. Sobre la reforma constitucional, se seguía una forma parecida a la de la Constitución Vitalicia, con la diferencia que la propuesta podía ser hecha por cualquiera de las Cámaras, y una vez cumplido el procedimiento, bastaría mayoría absoluta para aprobar la reforma. Por este procedimiento tan complicado, Pareja dice que en la práctica, hacía a la Constitución inmutable.

La Constitución de Huancayo tuvo una relativamente larga vida, pues, recordemos, la primera Constitución nació abortada porque coincidió con la férrea dictadura de Bolívar y sólo rigió brevemente mientras se preparaba la Constitución de 1828; la Constitución Vitalicia fue puro papel mojado; la de 1828, pese a su importancia histórica, rigió sólo cuatro años en medio de constantes violaciones; la de 1834, menos de un año, por la rebelión de Salaverry y las guerras de la Confederación. En cambio, la Constitución de 1839, pese a estar en suspenso en la Anarquía entre 1842 y 1844, volvió a regir entre 1845 y 1854, llegando a regir efectivamente doce años, “cifra sorprendente en comparación con las Constituciones precedentes”.

En relación al poder constituyente, a diferencia de las anteriores Asambleas Constituyentes, el Congreso de Huancayo no tuvo ideólogos que actuaran libremente y a la larga coactados por los militares, como en 1823, 1828 o 1834, sino que actuaron en todo momento como servidores del militarismo triunfante. No en balde, Basadre lo define como un “Congreso opaco, congelado y monolítico, sin grandes figuras representativas”. Pero para Pareja, es “la primera Constituyente genuinamente peruana que adoptó definidamente la política del orden y de la paz, sobre todo”, indudablemente con la cercana influencia del Chile portaliano, el cual con la Constitución conservadora de 1833, había logrado un orden y una estabilidad no vistas en el resto de la América Latina independiente.

En relación con los poderes del Estado, esta Constitución redujo los poderes del Congreso, situándolo en la esfera estrictamente legislativa y controladora, pero no como codirectora del Gobierno nacional, como intentaron las Constituciones anteriores, excepción claro está de la Constitución Vitalicia. Mantuvo el régimen bicameral como forma de evitar una dictadura parlamentaria, pero amplió las atribuciones del Presidente de la República, y suprimió las municipalidades, demostrando tener una tendencia autoritaria y absorbente, en beneficio del Ejecutivo. No sólo eso, sino que redujo las facultades del Poder Judicial, y podía controlar a los magistrados por medio de su remoción, reduciendo al Poder Judicial, en la práctica, a la calidad de un mero órgano del Estado.

Santa Cruz y la Confederación (1835-1839)

En este artículo, revisamos los dramáticos años de la Confederación Perú-Boliviana y su Constitución de 1837, en medio de la lucha entre Santa Cruz contra Salaverry, Gamarra y Portales, hasta llegar a la decisiva batalla de Yungay.

En 1835, llamado por el presidente Orbegoso, el presidente boliviano Andrés de Santa Cruz entró al Perú al frente de su ejército. No era un desconocido en la historia peruana. Nacido en el Alto Perú en 1792, había servido a los ejércitos virreinales, hasta unirse a las fuerzas de San Martín, y había tenido papel decisivo en el motín de Balconcillo, la segunda expedición a intermedios y las campañas bolivarianas. Presidente de Bolivia en 1829, había engrandecido a la joven República, convirtiéndola en una Estado progresista, respetable en el extranjero y en pleno desarrollo, siendo considerado el único período exitoso en la historia de Bolivia en el siglo XIX, puesto que tras Santa Cruz, sólo seguiría la etapa que Alcides Arguedas denominó acertadamente, como de los "caudillos bárbaros".
Con la intervención boliviana, Salaverry, que había tomado medidas moralizadoras en la administración pública, se alió con su antiguo rival, Gamarra, decidido a defender la independencia nacional que veía amenazada por Santa Cruz. Si bien Gamarra fue derrotado y exiliado, Salaverry no se desalentó: organizó un ejército que le era fervorosamente leal y declaró la “guerra a muerte” contra los bolivianos. Pese a un triunfo inicial en Uchumayo (de donde deriva la marcha militar peruana por antonomasia, el Ataque de Uchumayo), el impetuoso caudillo peruano fue derrotado en la decisiva batalla de Socabaya. Capturado y juzgado, fue fusilado en Arequipa el 18 de febrero de 1836, no sin protestar por escrito y ante el pelotón por la "bárbara conducta del conquistador". Apenas tenía 29 años.
Muerto Salaverry y desterrado Gamarra, Santa Cruz halló el momento para lograr su proyecto de unir al Perú y Bolivia. Originalmente pensaba unir a Bolivia y al sur del Perú, pues comprendía que el norte del Perú no aceptaría la idea de la unión con Bolivia (“si paso del Apurímac no solo me pierdo sino que pierdo a Bolivia… (que) sin mí se convertirá en una mazamorra”), pero sus consejeros, en especial, José Joaquín de Mora le insistieron en el todo o nada, porque con “el norte sin el sur como parte integrante suya, no tendrá Ud. paz nunca, nunca”.
Con tal idea, Santa Cruz dividió al Perú en dos estados: Estado Nor Peruano y Estado Sur Peruano, manteniendo la integridad de Bolivia, y luego de tres asambleas preparatorias, en Sicuani, Tapacarí y Huaura, el 28 de octubre de 1836, Santa Cruz declaró establecida la Confederación Perú-Boliviana, y fue proclamado Protector de la misma, con omnímodos poderes. Al año siguiente, el 1 de mayo de 1837, en una Asamblea en Tacna, con tres representantes (un militar, un sacerdote y un jurista) por cada Estado, se aprobó la Constitución Política de los Estados Nor, Sud Peruanos y Bolivia. En este texto, que constaba de 45 artículos, se acordaba la creación de la Confederación en base a la unión de Bolivia y los Estados Nor y Sud Peruanos, con el objeto de mantener su seguridad interna y externa, además de su recíproca independencia.
Si bien cada Estado confederado tendría su propio gobierno, con igualdad de derechos, incluida la ciudadanía, estarían sujetos a un Gobierno General de la Confederación, con atribuciones militares, diplomáticas y económicas, ejercidas por el Poder Ejecutivo general, el Poder Judicial general y el Poder Legislativo general. La religión de la Confederación era la Católica, Apostólica y Romana, sin mencionar alguna restricción al ejercicio de otros cultos.
El Poder Ejecutivo general residía en el Jefe Supremo de la Confederación y en sus Ministros. El Jefe Supremo era el Protector, que contaba con omnímodos poderes militares, políticos, diplomáticos, además de tener la iniciativa legislativa en aspectos educativos y judiciales, y de poder nombrar y destituir a los Presidentes de los Estados confederados. Duraba 10 años en el cargo, con posibilidad de prorrogarse.
El Poder Judicial general sólo se ejercía en causas especiales, y contra los funcionarios susceptibles de ser procesados. Las Cortes Supremas y Superiores de los Estados confederados mantendrían sus funciones.
El Poder Legislativo general era bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Representantes , que representaban a los Estados confederados.

• El Senado, compuesto por 15 miembros mayores de 40 años y con mil pesos de renta anual, designados por el Protector, en base a propuestas de los Colegios Electorales departamentales; se encargaba irónicamente de juzgar al Protector por traición y retención indebida del poder, y a sus Ministros por los delitos cometidos en ejercicio de sus funciones; aprobaba o rechazaba los Tratados entre la Confederación y otros países; decretaba premios y honores a quienes prestasen servicios a la Confederación; examinaba las bulas y documentos pontificios para darles o negarles su aprobación, y permitiría a los ciudadanos de la Confederación el uso de honores extranjeros.
• La Cámara de Representantes constaría de 25 miembros mayores de 30 años y con 500 pesos de renta anual, electos por el Congreso general de la Confederación, en base a los candidatos propuestos por los Colegios Electorales. Esta Cámara tenía iniciativa legislativa, salvo en los aspectos de los que se encargaba el Senado; aprobaba los Presupuestos, concedía o negaba carta de naturaleza a los extranjeros, iniciaba los trámites de empréstitos y su amortización.

En materia de derechos, el texto de 1837 no reguló nada, dejando su regulación al arbitrio de cada Estado confederado, que a su vez conservaban su moneda, armas y pabellones. La bandera de la Confederación sería de color punzó con las armas de los Estados confederados unidos por un laurel.
El proyecto de la Confederación, el más ambicioso sin duda del siglo XIX peruano, dio lugar a un Estado extenso y poderoso, que gobernado por un estadista como Santa Cruz, quien había logrado verdaderos prodigios en Bolivia, podría llegar a ser una gran potencia. Desde el punto de vista geopolítico, la Confederación consagraba la relación geográfica, histórica y económica entre el Perú y Bolivia, establecida desde tiempos prehispánicos, afianzada en tiempos coloniales, y que el virrey don Manuel de Guirior destacase en su célebre carta de 1776 al criticar la creación del Virreinato del Río de la Plata.
Sin embargo, para forjar tal idea, Santa Cruz había atentado contra la unidad peruana, y debió recurrir a medios sangrientos que necesariamente le habían atraído odios y resentimientos, por lo que su proyecto no podía durar mucho, pues muchos peruanos vieron en la intervención de Santa Cruz a una invasión boliviana, e hicieron todo lo posible para derribarla.
Los emigrados peruanos, donde destacaban Gamarra, Castilla, La Fuente, Vivanco, y Pardo y Aliaga, planearon desde el exilio, la forma de liquidar la Confederación. Su centro fue Chile, donde el gobierno del presidente José Joaquín Prieto, cuya principal figura era su ministro don Diego Portales, quien dejó una huella profunda en la evolución política chilena, siendo conocido como el Organizador de la República (aunque esa idea está siendo discutida en los últimos años por quienes lo ven como la decisiva desviación hacia el autoritarismo dentro de la historia chilena).
El conservador Portales impulsó ante todo el desarrollo comercial de Valparaíso, lo que por fuerza lo llevaba a la competencia con el Callao. Ya Portales consideraba una ventaja para Chile la división del Alto y el Bajo Perú, además de mantenerlo alejado de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Inicialmente primó la razón (no olvidemos el lema chileno) y se logró un acuerdo con Salaverry en 1835, pero la agitación en el Perú y la anulación de este tratado por Orbegoso, llevó a Portales a pensar en usar la fuerza, sobre todo cuando Santa Cruz proclamó la Confederación, y buscó contrarrestar la competencia comercial chilena y vitalizar el comercio del nuevo Estado. Portales entonces, valiéndose de una serie de pretextos, declaró la guerra a la Confederación. En una célebre carta, Portales afirmó que “La posición de Chile frente a la Confederación... es insostenible… Unidos estos dos Estados (Perú y Bolivia), aun cuando no más sea que momentáneamente, serán siempre más que Chile en todo orden de cuestiones y circunstancias… debemos dominar para siempre en el Pacífico: esta debe ser su máxima ahora, y ojalá fuera la de Chile para siempre”.
Pero Portales no llegaría a ver la destrucción de la Confederación: la guerra era impopular en Chile, todavía influido por el ideal americanista, y un grupo de oficiales se sublevaron y tomaron preso al omnipotente Ministro, exigiendo el final de las hostilidades, y ante el riesgo de ser derrotados, lo fusilaron y remataron a bayonetazos (junio de 1837). El crimen desató una reacción de furor nacionalista en Chile, que hizo popular la guerra, atribuyendo a Santa Cruz implicancias en el crimen.
Fueron necesarias dos expediciones del ejército chileno con el apoyo de los peruanos antisantacrucinos. La primera expedición restauradora, al mando del almirante Blanco Encalada, fue derrotada en Arequipa y debió firmar el Tratado de Paucarpata (noviembre de 1837), y en un acto que luego lamentaría, Santa Cruz permitió retirarse a las tropas chilenas. El Tratado de Paucarpata no fue aprobado por el gobierno chileno, y la guerra continuó. La segunda expedición restauradora, al mando del general Manuel Bulnes, y con el apoyo de Gamarra y Castilla, capturó Lima y venció a Orbegoso en Guía. Luego se retiraron hacia la sierra norte, hacia donde Santa Cruz los siguió, librándose la batalla decisiva en Yungay en enero de 1839. Santa Cruz fue derrotado, lo que significó el final de la Confederación y el derrumbe de su débil entramado, dependiente de la suerte de su caudillo, quien tras varias vicisitudes, acabaría en el exilio en Francia, donde moriría en 1865.