Augusto B. Leguía: 80 años después

El pasado lunes se cumplieron 80 años de la cruel muerte del expresidente del Perú, don Augusto Bernardino Leguía y Salcedo, uno de los personajes más interesantes y controvertidos de la historia nacional, cuya figura no ha sido analizada con la serenidad que otorgan los años.

Leguía representa el final de la República Aristocrática (como lo denomina Basadre al período entre 1895 y 1919), preludiando la irrupción de las masas en la política en la década de 1930. Fue un personaje de innegable importancia: sin Leguía, la historia del Perú habría sido muy distinta.
Nació en San José, Lambayeque, el 19 de febrero de 1863. Su familia, de origen vasco y dedicada al comercio, tuvo un rol destacado durante la independencia. En su juventud participó en los reductos de Miraflores (1881), y tras trabajar en diversas compañías de seguros y fundos azucareros, acumuló una considerable fortuna. A los cuarenta años ingresó a la vida pública como Ministro de Hacienda y fue Presidente de la República en dos períodos: 1908-1912 y 1919-1930.

Leguía inició su carrera política en el Partido Civil, pero se apartó de él a medida que desarrolló su propia visión de lo que debía ser el Perú. En 1919, logró representar a diversas clases sociales: la burguesía, el capital extranjero y la clase media. Puso fin al poder de la oligarquía civilista, aunque sin afectar sus bases económicas. Lejos de ser una dictadura personalista, su régimen buscó modernizar el país bajo la clásica premisa positivista de “orden y progreso”. Enfatizó el crecimiento material de la nación, reflejado en la transformación de la capital, el asfaltado de calles, la construcción de nuevas urbanizaciones, el saneamiento de las principales ciudades y la mejora de las vías de comunicación, fomentando el espíritu empresarial tanto público como privado.

Pequeño de estatura y siempre bien vestido, Leguía no solo atrajo devociones pasajeras e interesadas, sino también afectos profundos y duraderos, como lo demuestra la subsistencia de un partido (el Democrático Reformista), que continuó operando varios años después de 1930 con el propósito de reivindicar su nombre. Fue un hombre centrado, aunque, debido a la excesiva adulación que recibió, llegó a creer que era indispensable para el progreso nacional. En su carta de renuncia, fechada el 25 de agosto de 1930, parece quedar de manifiesto esta creencia cuando expresó: “Si se cree que el Perú puede progresar sin mí, en buena hora. Pero lo esencial es que ese progreso no se detenga…”

El régimen leguiísta reformó la legislación vigente en esa época. Entre los frutos de este período destacan la Constitución de 1920, que introdujo el constitucionalismo social bajo la influencia de la Constitución mexicana de 1917 y de la Constitución alemana de 1919; la preparación del Código Civil, promulgado en 1936; la aprobación del Código Penal de 1924; los nuevos Códigos de Procedimientos en Materia Criminal y el Código de Procedimientos Aduaneros, entre otros. Además, durante el régimen de Leguía se legalizaron las comunidades campesinas y se dio inicio a la legislación laboral peruana con las leyes sobre accidentes de trabajo (en su primer gobierno) y la introducción de la compensación por tiempo de servicio.

En el ámbito social, Leguía buscó estimular el crecimiento de una vigorosa clase media, defendiendo los derechos del indígena y condenando el gamonalismo, llegando incluso a combatirlo con mano dura (como en el caso de la rebelión de Benel en Chota), aunque, a pesar de esto, varios gamonales llegaron a ser parlamentarios. Fue en este contexto que creó el Día del Indio, que hoy se celebra como el Día del Campesino.

En cuanto a la defensa nacional, Leguía adquirió los primeros aeroplanos y submarinos para las Fuerzas Armadas del Perú; como Ministro de Hacienda, había colaborado en la construcción de los cruceros Almirante Grau y Coronel Bolognesi. También se le debe la creación del Ministerio de Marina y la contratación de una Misión naval norteamericana para fortalecer la capacidad naval del país. Además, Leguía trabajó en la reorganización de la Policía Nacional, contratando una Misión de la Guardia Civil Española, que introdujo un nuevo concepto de trabajo policial basado en el profesionalismo, la disciplina y la vocación de servicio.

Además, durante su gobierno, Leguía buscó delimitar nuestras fronteras. En su primer mandato, resolvió los problemas con Brasil y Bolivia, mientras que en su segundo gobierno abordó la cuestión con Colombia (de una manera criticable) y logró la reincorporación de Tacna al suelo nacional, aunque tuvo que ceder Arica. Las fronteras del Perú actual son, en gran parte, obra de Leguía. Como señaló Raúl Porras, “nuestros tratados de límites estuvieron a la altura de las circunstancias”, un tema que ya hemos tratado en otro post.

En el ámbito fiscal, como Ministro de Hacienda, Leguía creó nuevos impuestos y buscó asegurar nuevas fuentes de ingresos para el Estado. Ya como Presidente, implantó el impuesto progresivo a la renta, fundó el Banco de Reserva, precursor del actual Banco Central de Reserva, y defendió el valor de la moneda peruana, la cual apenas alteró su valor en diez años. Además, convencido de la necesidad de irrigar la costa para ampliar la frontera agrícola y beneficiar a los pequeños agricultores, contrató al ingeniero Sutton para desarrollar las obras de El Imperial en Cañete y Olmos en Lambayeque. También creó la Contraloría General de la República para supervisar la legalidad y corrección de los gastos públicos.

Sin embargo, como todo ser humano, junto a sus méritos y logros en la modernización del país, Leguía también mostró un lado negativo. Dio un golpe de Estado que derrocó a José Pardo, disolvió el Congreso y eligió a uno sumiso, con lo que hirió la institucionalidad, marcando la cultura política peruana posterior. La experiencia de su primer gobierno, en el que un bloque parlamentario le hizo oposición continua, y la caída de su sucesor Billinghurst en 1914, le sirvieron como lección sobre los problemas del parlamentarismo. Por ello, en la Constitución de 1920, robusteció el poder presidencial. Identificándose como un "caudillo constructor", en 1926 afirmó: "la Historia demuestra que fue siempre más útil la acción de los caudillos patriotas que la de los llamados gobiernos parlamentarios".

Don Augusto también implementó una política económica basada en la contratación de empréstitos, muchos de los cuales se destinaron al desarrollo de grandes obras productivas, como los proyectos de irrigación y el saneamiento de las ciudades. Si bien durante el gobierno de Leguía hubo casos de corrupción, ello no implica que el Presidente fuera un ladrón, como algunos lo acusaron. Por el contrario, Leguía murió pobre y endeudado, al punto de que incluso su seguro de vida estuvo hipotecado.

El régimen leguiísta no toleró ninguna oposición, ni frenó el servilismo. Las reelecciones sucesivas en las que se embarcó Leguía (1924 y 1929) afectaron negativamente su imagen histórica, proyectando la figura de un dictador aferrado al poder. En sus mejores años, se le conoció como “Júpiter Presidente”, “Viracocha”, y “Gigante del Pacífico”. Sin embargo, cuando cayó, fue atacado por aquellos que lo habían adulado y se habían aprovechado de su poder, salvo algunas excepciones honrosas.

El gobierno de Leguía también estuvo marcado por los abusos derivados de la aplicación de la Ley de la Conscripción Vial, promulgada con el objetivo de dotar al Perú de la necesaria integración territorial mediante la construcción de carreteras. Sin embargo, esta ley acabó siendo vista como una de las manchas negras de la República. Asimismo, se vio afectado el sentimiento nacional por algunas soluciones de límites, como las alcanzadas con Colombia y Chile, y el criticable arreglo de la cuestión La Brea y Pariñas.

Leguía siempre buscó estrechar la relación con los Estados Unidos, con la intención de forjar una amistad duradera y una alianza basada en intereses recíprocos. Estaba convencido de que el Perú necesitaba un socio fuerte que proporcionara los capitales necesarios para el progreso nacional. Por ello, aunque no justifica sus acciones, Leguía fue obsecuente con los Estados Unidos.

Ninguno de los grandes personajes de nuestra historia fue un dios capaz de hacer todo perfecto, pero tampoco fueron demonios que lo hicieran todo negativo. Fueron hombres, nada más que hombres, pero el legado positivo que dejaron supera ampliamente el impacto negativo que pudieran haber causado. No en vano, Haya de la Torre llegó a afirmar que Augusto B. Leguía “fue el mejor presidente del Perú del siglo XX”, a pesar de haber sido perseguido en su juventud por el mismo Leguía.

Luis Alberto Sánchez diría en su Testimonio Personal: “Si se hace el balance de aquel período, habría que reconocer que, sin mengua del régimen represivo y policial y los abusos de poder por parte de algunos familiares y adherentes del Presidente, no era posible olvidar cierto orgullo público al ver a Leguía, en la plenitud de su capacidad y su poder, dirigiendo las ceremonias de los Centenarios de 1921 y 1924; su don de gentes; su empaque frío y señoril; su savoir faire político; la forma cómo se manejaba entre príncipes y embajadores, cardenales y arzobispos, llamáranse como se llamaran. Aquel viejito fisgón, de ojos resueltos y perenne sonrisa cortés, de ademanes medidos, erguido, ágil, tenía pasta de monarca. Coronado por el sombrero de pelo, protegido bajo su pardessus de neto corte londinense, daba la impresión de un cazador en perpetuo acecho”.

Después de haber gobernado el Perú durante once años, Leguía sufrió la venganza de los sectores desplazados por su gestión. Su casa fue saqueada, incendiada y demolida, y el mismo Leguía fue encarcelado y juzgado por un tribunal al margen de los tribunales de justicia. Se le negó el derecho a defenderse y los servicios médicos que su salud requería. Agobiado por una prostatitis, Leguía solo contó con la compañía de su hijo Juan. Cuando fue llevado al hospital de Bellavista, ya era demasiado tarde para él. Sus enemigos incluso intentaron matarlo con una bomba. Dios se apiadó de él: Leguía murió la madrugada del 6 de febrero de 1932, pesando poco más de 30 kilogramos. Ni siquiera tenía un traje apropiado para su delgadez, por lo que fue enterrado con un traje prestado por uno de sus antiguos ministros. Una multitud acudió a su funeral.

A pesar de todo, su muerte no fue suficiente para callarlo. Se intentó borrar su figura de la historia nacional. El silencio y el olvido cayeron sobre su memoria, relegando sus obras al olvido. Federico More, que lo combatió cuando estaba en el poder, diría tras su muerte que Leguía fue audaz como Piérola y vivaz como Castilla, pero que terminó desdichado como Salaverry, reconociendo que ocupaba un lugar junto a los varones esenciales de nuestra República.

Su muerte en medio de la pobreza y con cristiana resignación, después de ser derrocado y haber vivido el infierno en las mazmorras del Panóptico, no tiene paralelo en nuestra historia y lo dignifica al extremo. Sin embargo, parece que su figura recobra interés, como lo demuestran una serie de artículos en diferentes medios de prensa (Caretas, La República, Correo, La Primera, por mencionar algunos), en conmemoración de su aniversario luctuoso, como una suerte de repulsa a la indignidad que significó su lento martirio en las mazmorras de la Penitenciaría.

Los Tratados de Leguía

Una pregunta que siempre me he hecho y en la que pocas veces se repara en nuestra historia, cegados por el brillo de los presidentes, generales y mariscales, por las bonanzas y crisis, por las glorias y tragedias nacionales, es ¿cómo pudo sobrevivir un país que para fines del siglo XIX no tenía delimitadas sus fronteras? (salvo una mínima parte con Brasil por la Convención de 1851).

La mayor parte de nuestros Tratados fueron, quiérase o no, obra de don Augusto B. Leguía (1863-1932), personaje controvertido y de decisiva actuación en nuestra historia, que buscó dar al Perú fronteras seguras y precisas, para luego poder hacer frente al problema de Tacna y Arica existente desde 1894, y que dejó allanado el camino para que el Presidente Manuel Prado sellase en 1942 la delimitación fronteriza del Perú. Por ello, don Gustavo Pons Muzzo denominaba con acierto a estos Tratados como los "Tratados de Leguía".

Con sólo 17 años, Leguía fue sargento de reserva y combatió en Miraflores en el primer reducto. Fue así testigo de la derrota y de la mutilación territorial, que tan honda huella de frustración e impotencia dejó en el ánimo nacional. Y no era para menos: el Perú fue vejado y se hizo escarnio de los derechos del vencido. Leguía conocía a Chile desde su juventud, cuando hizo estudios en Valparaíso, en el Colegio Inglés de Goldfinch y Blühm, donde existía ya animadversión entre peruanos y chilenos (como bien lo relata el Diario de Alberto del Solar). Hábil financista, era un hombre rico cuando entró a la política en 1903 como Ministro de Hacienda de Candamo, continuando bajo el gobierno de Pardo. Ya desde entonces, tenía la idea firme de exigir el cumplimiento del Tratado de Ancón, como lo prueban sus intervenciones en el Congreso en febrero de 1906.

Electo presidente en 1908, Leguía, en un gesto de dignidad, rechazó la Corona de Bronce que ofrecía Chile para la Cripta de los Héroes, en protesta contra la situación de Tacna y Arica, que pese a los esfuerzos peruanos, no había sido resuelto, e inclusive se agredía impunemente a las poblaciones peruanas en las provincias "cautivas", llegando a atacar periódicos y propiedades peruanas, deportar a los sacerdotes peruanos, y prohibir lucir los símbolos patrios, teniendo los ciudadanos peruanos que soportar los abusos por parte de las Ligas Patrióticas chilenas.
En este gobierno, Leguía, como bien destaca Basadre, estuvo a punto de afrontar guerras en las cinco fronteras, especialmente con Ecuador en 1910 que rechazó el resultado, aun desconocido, del fallo de S. M. Alfonso XIII de España, y con Colombia llegando a ocurrir un incidente armado en La Pedrera en 1911. No sabemos si Leguía conocía de la alianza entre Bolivia y Brasil, que cita Basadre, pero el acuerdo con Brasil (Velarde-Rio Branco, septiembre de 1909) fue apenas una semana antes del acuerdo con Bolivia, donde se enmendó ligeramente el fallo del Presidente argentino don José Figueroa Alcorta, con el tratado Polo-Bustamante, en lo que el embajador Calderón califica como las dos semanas más largas de la historia diplomática peruana.

Recuerdo haber leído a Victor Andrés Belaúnde sostener que el acuerdo de 1851 fue un desastre territorial, sólo compensable por la salida al Atlántico a través del Amazonas, pero el canciller Ulloa en 1941 sostuvo que "el argumento efectista derivado de un mapa, (es) cierto como expresión de pretensiones peruanas... pero falso como expresión de una realidad viva, histórica y en cierto modo jurídica", pues el famoso tratado de San Idelfonso entre España y Portugal de 1777 había caducado antes de la Independencia y los brasileños proseguían con su política de ocupar y asentarse para luego reclamar derechos. Con el tratado de 1909, se contuvieron a las incursiones de "bandeirantes", que sin ese pacto, hubiesen acaso alcanzado al Ucayalí.

El segundo gobierno de Leguía (la "Patria Nueva", el célebre Oncenio 1919-1930) se caracterizó por su autoritarismo, el paternalismo, el desarrollo material de la República y... por sus reelecciones, que a la larga afectaron la imagen de Leguía ante la posteridad. Sin embargo, Aramburú Menchaca sostuvo que el afán reeleccionista no fue sólo por el gusto de aferrarse al poder (Basadre) o por el mesianismo (que se confirmaría por los discursos del mismo Leguía y por el texto de su renuncia el 25 de agosto de 1930), sino que tal vez tuvo el motivo oculto del ex sargento de Miraflores de querer concluir la delimitación de las fronteras y resolver el problema con Chile, como prometió al mariscal Cáceres durante la campaña electoral de 1919.

El ambiente posterior a la Primera Guerra Mundial creó la ilusión de un nuevo orden internacional que repararía las injusticias cometidas por la fuerza. El Perú había estado junto a los vencedores, mientras que Chile era tildado de germanófilo. Por ello, Mariano H. Cornejo, de acuerdo con la representación boliviana, defendió la causa peruana ante la Liga de las Naciones sin hallar eco en el gobierno peruano, que estaba asesorado por el abogado norteamericano Joseph P. Folk, quien les había recomendado el someter el espinoso problema a un arbitraje ya sea ante los Estados Unidos o ante la corte de La Haya (como se ha hecho en la actualidad).
Y es que Leguía, en base a sus experiencias, juzgaba que el Perú no era querido en América del Sur, por lo que era esencial contar con un aliado poderoso, y comprendió previsoramente que ya no sería Gran Bretaña la primera potencia mundial, sino que lo serían los Estados Unidos, y por ello su gobierno buscó tejer lazos financieros y militares con la pujante República del Norte.
Pero ese movimiento de Cornejo, pese a ser desautorizado por Lima, tuvo efectos positivos, pues en diciembre de 1921, el canciller chileno Barros Jarpa pidió reanudar las negociaciones para el plebiscito, en base a lo acordado en la negociación Hunneus-Varela de 1912 (bajo el gobierno de Billinghurst que posponía el plebiscito hasta 1933), afirmando que "la circunstancia de que nuestro país ejerza su soberanía sobre Tacna y Arica, según expresa disposición del Tratado de Ancón, hace muy ventajosa para él la postergación del plebiscito por el natural incremento de sus intereses con el curso de los años; pero está llano a aceptar para la celebración del plebiscito una fecha más próxima que la determinada en el acuerdo de 1912..., en obsequio a un elevado espíritu de cordialidad continental". En respuesta, la Cancillería peruana propuso someter la "cuestión íntegra" a un arbitraje ante los Estados Unidos. Tras varias negociaciones se firmó el Protocolo Porras-Aldunate en julio de 1922, que sometió el problema peruano-chileno al arbitraje norteamericano.

Poco antes se había firmado el Tratado Salomón-Lozano (marzo de 1922) con Colombia que trazó la línea de frontera en el río Putumayo (en lugar del Caquetá) y cedía el célebre Trapecio Amazónico, incluyendo el pueblo de Leticia que perjudicó a tantas familias loretanas, motivo por el cual este tratado pasó a formar parte de la leyenda negra del Oncenio. Sólo fue aprobado en 1928, no tanto por la oposición interna, sino por complicaciones con Brasil, disgustado por el acceso de Colombia al Amazonas, complicaciones resueltas por un protocolo en 1926. La demora en su envío al Congreso indica la estrategia del gobierno peruano: ya que este Tratado era ad referendum, no tenía el carácter de definitivo, mas si de oficial, y que se esperaba solucionar el problema con Chile para poder renegociarlo, pero el arreglo con Chile se demoró en el tiempo, y la presión de Colombia hizo necesario su aprobación, dejando el Presidente Leguía a los parlamentarios en libertad de votar según su conciencia sobre ese Tratado "que mucho me temo que nos veamos en la necesidad de aprobar", frase que dijo Leguía según el testimonio del Diputado Pedro Villanueva.
Basadre dice que los panegiristas del tratado afirmaron que el Perú recuperó 105,000 km2, un dato que no desmiente. Además, Leticia fue permutada por Sucumbios, un territorio ecuatoriano cedido a Colombia en 1916, sin cuya posición estratégica no hubiese sido posible el Protocolo de Río de 1942. Si bien en 1932, un grupo de patriotas loretanos trataron de recuperar Leticia, en 1934 se confirmó el Tratado de 1922, gobernando el General Benavides, cuyo prestigio militar había sido ganado en esa misma región (Combate de La Pedrera, 1911).

Paralelamente, para tener las manos libres con el plebiscito con Chile, el gobierno de Leguía logró echar las bases de un acuerdo con Ecuador con el Protocolo Castro Oyanguren-Ponce de 1924, por el cual se posponía el arreglo entre ambos países, hasta “después que la República Peruana resuelva el problema limítrofe que tiene con la República de Chile”.
El laudo del presidente Coolidge de 1925, sostuvo que los párrafos 2 y 3 del artículo 3º del Tratado de Ancón, seguían en vigor y que por lo tanto, el plebiscito debía realizarse, pese a los inconvenientes desde 1894 hasta ese momento. Para el árbitro, fue decisivo que los gobiernos peruanos hubieran seguido negociando con Chile después del vencimiento del plazo de los 10 años. El Perú recuperaría Tarata, ocupada por Chile desde 1884, por una caprichosa interpretación del texto del Tratado de Ancón. Con todo, muchos criticaron al gobierno de Leguía, considerando este laudo como una derrota para el Perú, sin imaginarse que se convertiría en una herramienta decisiva en hacer recaer sobre Chile la responsabilidad por la impracticabilidad del plebiscito.

En efecto, durante la ejecución del plebiscito, los observadores norteamericanos, primero el general Pershing y luego el general Lassiter, confirmaron la mala fe de Chile al ejecutar el laudo, pues se cometieron más abusos y ataques contra los peruanos residentes en Tacna y Arica (Pershing llegó a escribir "los ataques a los peruanos han sido tan frecuentes que me he visto obligado a llamar personalmente la atención a las autoridades; y aun cuando se expresaba sentimiento por lo ocurrido y se daban seguridades, es manifiesto que ha habido poco o ningún cambio"). El representante chileno, Agustín Edwards, afirmó (con entereza según Basadre) que antes Chile rompía el laudo que aceptaba perderlo todo.

Hasta entonces, el Perú estaba moralmente reivindicado, demostrando que Chile había boicoteado todo esfuerzo para el plebiscito, prolongando la ocupación de Tacna y Arica, siendo el primer caso de national cleansing del siglo XX en el mundo. Pero había una dolorosa situación de hecho que nadie en el Perú podía ignorar: el peso de la ocupación chilena en Tacna y Arica y la imposibilidad de recuperarlas por las armas.

Leguía se convenció de que si bien Tacna era rescatable, la única forma para recuperar Arica  era por las armas, situación para la cual, pese a su constante preocupación por el desarrollo de las Fuerzas Armadas, el Perú no se hallaba preparado (y no en balde el general Pellegrin, jefe de la Misión Militar Francesa en el Perú, le escribió a Leguía en 1923 "Se ha comparado frecuentemente la situación del Perú con la de Francia. La comparación es exacta hasta cierto punto. Pero Francia preparó militarmente la revancha durante 40 años, en tanto que el poder militar del Perú va declinando cada día más"), y debió aceptar reanudar relaciones con Chile y entrar en negociaciones con su embajador Emiliano Figueroa Larraín, quien acudió prevenido por su gobierno de que iba a negociar directamente "con un gobierno de los relieves de don Augusto B. Leguía" como recordaría el canciller chileno Conrado Ríos Gallardo.

La solución final al problema de Tacna y Arica fue la partija, propuesta desde 1910, pues no podía retrasarse la liberación de Tacna, llegándose tras largas negociaciones (en las que el Presidente Leguía insistió en la necesidad de un puerto para Tacna, barajandose incluso las posibilidades de dividir la ciudad de Arica o la construcción de un puerto en San José, a menos de 10 km al norte de Arica) al Tratado del 3 de junio de 1929, por el cual el Perú recuperaba Tacna (que volvió a la heredad nacional el 28 de agosto) y cedía Arica a cambio de una serie de servidumbres, conservado el Perú una presencia en Arica por los establecimientos y zonas donde el comercio eperuano debía gozar de la independencia propia de un puerto libre. Este Tratado, “valeroso, necesario, útil y conveniente para la política internacional del Perú” (Ulloa), donde “obtuvimos todo lo que podíamos conseguir” (Chirinos Soto), “estuvo a la altura de las circunstancias” (Porras Barrenechea), siendo el “único caso donde un país vencido recupera territorios de manos del vencedor sin llegar a las armas y al desquite” (Aldous Huxley). El mismo ex canciller chileno Barros Jarpa lo calificó en 1931 como “un desastre para Chile”, mientras que para Bolivia, este Tratado tuvo el propósito de enclaustrarla definitivamente. Que no se haya aprovechado debidamente las facilidades portuarias para Tacna, tal y como los negociadores de 1929 lo plantearon, es algo que se tendría que cargar en el pasivo de Sánchez Cerro y sus sucesores, confirmando el daño institucional que casi siempre han causado los golpes de Estado en la continuidad de determinadas políticas.

No exento de defectos como todo ser humano, Leguía, hombre práctico al fin, tuvo la visión de dar cuatro de sus cinco fronteras al Perú, para así darle un sentido concreto en el mapa, para que pudiera consagrarse tranquilamente a su desarrollo, asumiendo con coraje la responsabilidad histórica por ello, lo que no ignoraba que podría comprometer la paz de su sepulcro (como bien afirmó en el Mensaje ante el Congreso extraordinario para aprobar el Tratado en junio de 1929). Las cosas quizás pudieron salir mejor, es posible, pero prefirió la soledad en las decisiones supremas, convencido de que el juicio de la historia no le sería adverso. Tan audaz como Piérola y tan vivaz como Castilla, terminó tan desdichado como Salaverry. Su muerte en medio de la pobreza y con cristiana resignación, después de ser derrocado y de haber vivido el infierno en las mazmorras del Panóptico, no tiene paralelo en nuestra historia y lo dignifica al extremo. No en vano, Haya de la Torre, fundador del Partido Aprista, diría que Augusto B. Leguía "fue el mejor presidente del Perú del siglo XX", a pesar de que en su juventud había sido desterrado por el mismo Leguía. Y sin embargo, aún se habla apasionadamente sobre Leguía, cuando en realidad, se le debe mirar con realismo, sin rencor ni servilismo, poniendo en su lugar y dimensión exacta a un hombre, que como bien decía More, ocupa sitio junto a los varones esenciales de nuestra República.